´No sé si el juez leyó todos los documentos del caso Tebeto´

El Gobierno autónomo y Coalición Canaria mantienen sus críticas a la sentencia del TSJC que obliga a pagar 103 millones de euros al empresario Rafael Bittini por la montaña de Tebeto

SALVADOR LACHICA En esta entrevista, José Miguel González considera que pudo haber un error del juez al no tener en cuenta en algunos documentos, pero a diferencia del PSC descarta una actitud torticera

- ¿Por qué arremeten contra las críticas de Santiago Pérez al juez del caso Tebeto si usted mismo cree que el magistrado ha cometido un error?

- Yo he dicho, y sigo diciéndolo, que en la sentencia del TSJC se cometen errores, pues no parece que tenga mucho sentido que se haya valorado la indemnización en esa cuantía cuando hay un informe técnico del Gobierno en el expediente en el que se dice que la tasación contiene muchos errores. Además, si se hace fríamente, nadie puede pensar que la piedra que hay dentro vale 50.000 millones de pesetas. Ése es un error del juez, que no pidió una valoración contradictoria, pero no ponemos en cuestión ni mucho menos que no se haya movido dentro de los parámetros de imparcialidad, independencia y autonomía de criterio.

- El PSC dice lo mismo.

- No. La afirmación de Santiago Pérez es bastante más seria en el sentido de que plantea que la sentencia de juez ha podido estar motivada por una supuesta amistad con el dueño de la empresa Cabo Verde a la que hay que indemnizar, incluso olvidando que la decisión no es del magistrado sino de toda la sala del TSJC. Nosotros no dejaremos de criticar lo que consideremos que sea erróneo, pero no aseguramos que el error sea consecuencia de una actitud torticera.

- ¿Pero solamente ha errado el juez o también los Servicios Jurídicos del Gobierno, como afirma el PSC?

- Personalmente, ya he dicho que los intentos de los Servicios Jurídicos han sido poco eficaces porque no han dado las muestras necesarias ni de capacidad ni de agilidad. Ahora bien, no tengo conocimientos suficientes para juzgar si el diseño de la defensa fue el adecuado o si tuvieron tiempo para presentar los argumentos. No sé como han podido fallar en un caso que todo el mundo ve tan claro, en la diferencia de lo que vale la piedra y lo que se pide.

- ¿Entonces a quién hay que pedir responsabilidades si al final hay que pagar 103 millones a Rafael Bittini?

- De hecho, ya ha habido un relevo en los Servicios Jurídicos y eso es lo único que se le puede pedir a un funcionario. No es lo mismo actuar mal por un diseño inadecuado de una defensa que hacerlo de manera torticera. No creo que aquí haya habido nada raro, como dicen los socialistas, sino que no han utilizado todos los procedimientos del derecho procesal, y a los resultados me remito. Veo tan claro que esa indemnización no tiene justificación que creo que los Servicios Jurídicos han hecho su labor más bien mal.

- ¿Y las responsabilidades políticas?

- Es un tema complejo, pero que duda cabe que el problema nació, y está claro en todo el expediente, en el año 1993, cuando se dio autorización a otra empresa no habiendo anulado previamente el derecho de investigación que tenía Bittini. Ésa es la causa original, porque sin ella no se hubiera dado origen a todo este lío, y luego se ha fallado en la defensa en el proceso judicial. Pero estoy seguro de que el Tribunal Supremo acabará anulando la sentencia del TSJC porque la superficie que se ha valorado es superior a la que se solicitó y las investigaciones han demostrado que allí no hay nada que valga la pena en cantidades suficientemente importantes. Siempre he creído que en Derecho debe primar el sentido común frente a las normas, que son interpretables y, por eso, si hay que indemnizar por un acto erróneo de la Administración, habrá que hacerlo por una cantidad razonable, y no por la descabellada que se pide ahora.

- El PSC sostiene que esa nueva tasación se ha presentado tarde y que, al no estar en el expediente, el Supremo no puede entrar a valorarla en el recurso de casación.

- Creo que no tienen razón y que el TS entrará en el asunto porque de lo que no hay duda es que en el expediente de Tebeto existen documentos que el juez del TSJC ni siquiera sé si llegó a leer, porque ni alude a ellos, en el que hay un informe de un técnico de la Administración que afirma que la tasación es incorrecta. Lo lógico es que el juez hubiera solicitado un peritaje, y eso en mi opinión, lo tendrá en cuenta el Supremo.

- Salvo en el caso Tebeto, donde sigue habiendo un fuerte enfrentamiento, ¿detecta usted que ha bajado la crispación entre Gobierno oposición?

- En este asunto creo que también está imperando la racionalidad, pues los problemas de crispación que existen son de algunas personas más que de grupos parlamentarios o de partidos. En Tebeto todos estamos en la línea de que no hay que pagar esa indemnización por una piedra que ni siquiera se ha sacado, porque no hubo ninguna inversión. Lo único que nos diferencia es valorar si aún se puede conseguir en el mundo del Derecho o se nos ha pasado el tiempo para resolverlo.

- ¿El Consejo de Ministros de octubre y la geometría variable en la que está instalado Zapatero contribuyen a dar más racionalidad a las relaciones?

- Más que el Consejo de Ministros, el hecho de que en la actividad ordinaria, que es la que realmente importa, empieza a imponerse un mayor análisis y consideración. Siempre es bienvenido un Consejo de Ministros que venga a ocuparse de Canarias, pero ya veremos si es la solución de todos los problemas.

- Dice que no apoya los brotes independentistas pero, ¿y este nuevo brote de la teoría de la conspiración del Estado contra CC que ha hecho Ricardo Melchior a cuenta de las conversaciones del caso Arona?

- Es lamentable que salgan a la calle expedientes que están bajo secreto de sumario. Yo no critico a los medios de comunicación por publicarlos, sino a quienes se los filtran, y eso es un delito que debe ser investigado.

- Pero en este caso se había levantado el secreto del sumario y cualquiera podía ver las conversaciones del presidente Paulino Rivero en relación a su sobrina o del propio Melchior o José Segura.

- Cuando un juez autoriza una grabación porque sospecha que hay algún problema, esa orden está dirigida a resolver una causa concreta. Por tanto, todo lo que no tenga que ver con el caso investigado debe ser borrado, pero aquí no sucedió así y se han filtrado conversaciones de personas de CC o del PSC, que me merecen todos los respetos, que no tenían nada que ver con lo que se investigaba porque están en el expediente sin tener que estarlo. ¿Usted cree que puede ser imputado un padre que intentó que su hija entrara en una guardería, como he leído en la prensa? Creo que estamos perdiendo el norte y sacando las cosas de quicio.

- ¿Le preocupa que el abogado Fernández del Torco haya solicitado al juez que pida al TSJC que Rivero sea investigado por tráfico de influencias?

- Es respetable que todo el mundo intente usar los instrumentos del Derecho, pero también confío en que los jueces denieguen todas las cosas que sean disparatadas. Considero que es un disparate imputar a Rivero por esa conversación.

- ¿Cómo analiza la inestabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz?

- No estoy conectado a la política municipal, pero me preocupa y me desagrada porque Santa Cruz es muy importante para CC. No hay duda de que no va afectar al Gobierno regional, pero no es muy coherente la actitud de algunos miembros del PP en el Ayuntamiento.

- ¿Zerolo se equivocó?

- No puedo juzgarlo, porque no tengo los datos para saber por qué adoptó su criterio. Lo que sí creo es que es Santa Cruz necesita colaboración entre todas las fuerzas políticas y no perder el tiempo en tiquismiquis producidos no tanto por los partidos sino por personas concretas, como Ángel Llanos.