PEDRO GUERRA
Con el paso cambiado y a ritmo de contradicciones por un sendero de espinas. Así se mueve la Justicia en las Islas en los últimos tiempos. La decisión del Gobierno de Canarias de presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada Victoria Rosell por hacer unas declaraciones sobre la actuación del Ejecutivo en el caso Tebeto llega sólo cuatro días después de que la máxima autoridad judicial del Archipiélago, Antonio Castro Feliciano, pidiera respeto a las decisiones judiciales.
Pero su dardo no sólo iba dirigido a la clase política, después de que el Partido Socialista cuestionara la actuación del magistrado del caso Tebeto; el reproche del presidente del TSJC también llevaba un mensaje encriptado dirigido a dos de sus jueces que, en el mes de agosto, firmaron un comunicado más que controvertido en el que, nada más y nada menos, se censuraban resoluciones judiciales ante casos de corrupción en Canarias. Y es que esto, como gráficamente describía esta semana un juez que prefiere mantenerse en el anonimato, "se ha salido de madre".
Un virulento cruce de críticas de una orilla a la otra de los poderes públicos ha enfrentado en las últimas semana a políticos y jueces. Los aldabonazos más severos los protagonizaron el socialista Santiago Pérez, al apuntar en dirección al magistrado del caso Tebeto, Francisco José Gómez Cáceres, y esta misma semana el Gobierno, al lanzar su inédita denuncia sobre la jueza Rosell.
Los jueces y sus asociaciones se apresuraron en el primer caso a invocar la independencia judicial como escudo protector de Gómez Cáceres. Pero, ¿qué ha hecho la Justicia en casos análogos protagonizados a su vez por miembros de la judicatura? El camino está empedrado de abundantes silencios y algunas contradicciones, a veces incluso con los mismos protagonistas.
Victoria Rosell, ante las críticas que estaba recibiendo el juez Gómez Cáceres por su sentencia del caso Tebeto -esa que condena al Gobierno a pagar más de cien millones de euros al empresario Rafael Bittini-, pedía respeto a la decisión judicial y que no se centrara el debate en la resolución en sí, sino en "la negligencia del Gobierno de Canarias".
El comunicado en cuestión no citaba a nadie en concreto, pero se produjo poco después de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, firmara el auto de archivo del caso del salmón, una presunta trama de corrupción centrada en la figura del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria. Pocos entendieron que dos jueces firmaran ese documento y, entre los pasillos del viejo Palacio de Justicia, creció la indignación hasta llegar al despacho del presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano.
La máxima autoridad de la Justicia canaria guardó silencio de forma paciente, pero el pasado 25 de septiembre, con motivo de la apertura del año judicial, tronó: "Rechazamos rotundamente cualquier afirmación, denuncia o insinuación sobre la falta de independencia e imparcialidad de los miembros de la carrera judicial, ya provengan de miembros de otros poderes públicos como de notas de prensa o artículos publicados en algunos medios de comunicación". Esa última parte del mensaje de Castro Feliciano iba dedicada a censurar que dos jueces firmaran aquel escrito del mes de agosto y daba respuesta a la revuelta que se formó entonces entre los miembros de la carrera judicial.
Pocos días después, y en contraste con la vehemencia con que Rosell defendió a Gómez Cáceres frente a las críticas de Santiago Pérez, nadie se ha querido mojar sin embargo para salvarla a ella tras el cañonazo del Gobierno. Cuando se les interroga sobre las declaraciones de Rosell contra el Ejecutivo, que provocaron su airada reacción, la respuesta más común entre los jueces es "yo no las hubiera hecho".
Gómez Cáceres ha sido el magistrado más defendido y a la vez más censurado en los últimos tiempos en Canarias. Bien es cierto que la defensa de su independencia se invoca a los cuatro vientos y las críticas se hacen con la boca chica y off the record, una expresión esta que los jueces han aprendido a manejar con destreza.
Pero el que no cede, al menos de momento, a la tentación de entrar en guerra constante con el poder político, es el presidente del TSJC, Castro Feliciano, que rechaza la posibilidad de que la Sala de Gobierno aborde el tema de un posible apoyo a Gómez Cáceres. Sobre todo consciente de que la propuesta viene de Humberto Guadalupe, presidente de la Sala de lo Social del TSJC y secretario del Club de Tenis Gran Canaria durante el mandato en que el presidente era Rafael Bittini y el vicepresidente Gómez Cáceres.
Castro Feliciano, después de décadas de paseos entre las espinas, sabe perfectamente cómo un juez debe salir sin un rasguño.
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