El PSC no podrá paralizar el pago de Tebeto

JESÚS MONTESDEOCA
Los socialistas canarios formalizaron ayer una denuncia para intentar "darle la vuelta" al caso Tebeto y evitar que la Comunidad Autónoma tenga que pagar la indemnización de 102 millones de euros al empresario Rafael Bittini, aunque el ministerio fiscal duda de que pueda pronunciarse antes del próximo 21 de octubre, fecha en que se cumple el plazo para realizar el primer abono de 33,8 millones de euros.

El portavoz de grupo Socialista en el Parlamento regional, Santiago Pérez, presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas y posteriormente se reunió durante casi una hora con el fiscal jefe, Guillermo García-Panasco. La denuncia consta de sólo dos folios y en ella se relatan los hechos que desembocaron en la sentencia que condena al Gobierno de Canarias a pagar los 102 millones de euros al propietario de la empresa Canterías de Cabo Verde.

Según explicó Pérez, la denuncia se limita a exponer una serie de hechos que el PSC considera que pueden ser constitutivos de delito, aunque no va dirigida contra nadie en particular. Por tanto, debe ser la Fiscalía la que decida si se cometió alguna ilegalidad, en concreto en la elaboración del informe pericial que dio lugar a la millonaria indemnización.

INCOMPRENSIBLE. El portavoz socialista dijo que "el nudo central" del llamado caso Tebeto es "la disparidad incomprensible" entre el informe pericial en el que se sustenta la condena a la Comunidad Autónoma y el informe que ha hecho público hace quince días el Gobierno de Canarias. "Si el primero valora los recursos de Tebeto en 100 millones de euros, el del Gobierno dice que prácticamente no valen nada; por tanto, los dos informes no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, si el informe que ha elaborado el Gobierno canario es verdadero el que aportó Bittini es falso", añadió Pérez, quien criticó la pasividad del Gobierno de Paulino Rivero.

Por su parte, Guillermo García-Panasco explicó que la denuncia "se tramitará lo antes posible", pero dudó de que la Fiscalía pueda acabar sus diligencias de investigación en los próximos quince días, ya que tendrá que requerir los informes de ambas partes, los del Gobierno y los de Bittini.