Estrategia sincronizada

Desde que el Gobierno de Canarias plantó sobre la mesa de la opinión pública la existencia de nuevos informes sobre la valoración de los derechos de explotación de la Montaña de Tebeto ya nada es igual en el caso de la indemnización más alta a la que se enfrenta la Administración pública canaria en toda su historia. Se ha pasado de un enfrentamiento constante entre el Gobierno y la oposición, con Rafael Bittini de por medio, a la ejecución de unos movimientos que parecen perfectamente sincronizados.

El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, anunció un "plan de acciones" para evitar el pago de la indemnización de Tebeto el 9 de septiembre de este año. No dijo que en ese plan colaborara el Partido Socialista, pero desde entonces nada es igual entre ambas formaciones políticas cuando de remar en favor de no pagar "ni un euro" por Tebeto se trata.

El primer paso del plan de acciones fue encargar una nueva tasación del valor de los derechos de explotación que la sentencia establece en 92 millones de euros (más intereses). Los nuevos informes vienen a decir que Tebeto vale cero euros; aunque, como mucho, se podría establecer un valor que oscila entre los 800.000 y los 2,2 millones de euros. Una cifra muy lejana a la que establece la sentencia.

Con el caso Tebeto ya sentenciado, el documento encargado "directamente por el presidente Paulino Rivero" es más papel mojado que otra cosa. Mediáticamente fue toda una bomba que no generó indiferencia en la opinión pública.

Con el informe escurriendo tinta en los periódicos, el portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, mueve ficha: "Hay que resaltar el hecho de que el juez haya dado por buenas hasta siete cuestiones que no aparecen por ningún lado o que haga todo tipo de elogios hacia el informe pericial presentado por Bittini". Llegan así las primeras críticas a los responsables judiciales de Tebeto.

El 11 de septiembre, el Gobierno de Canarias asume su turno y José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Justicia declara que "ahora haremos las cosas bien", en el mismo momento en que asegura que el TSJC le impidió aportar pruebas del valor de Tebeto. Aunque no es exactamente eso lo que refleja el auto que entregó el propio Ruano a los medios de comunicación (el Gobierno nunca solicitó una tasación alternativa a la de Bittini), el ataque al ponente del auto, el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, se moldeaba dentro de la estrategia.

Por riguroso turno de intervención, el PSC vuelve a tomar la palabra y lanza su misil: "El juez del caso Tebeto debió inhibirse por su amistad con Bittini", dijo Santiago Pérez en una rueda de prensa montada al efecto en la capital grancanaria. Las declaraciones de Pérez fueron atajadas directamente por las asociaciones judiciales, que consideraron esas palabras como un ataque a la independencia judicial.

Es entonces cuando el Gobierno recibe una noticia mala y otra buena: La primera es que tiene quince días para pagar 33,7 millones de euros a Bittini (el plazo finaliza el 16 de octubre) y la segunda es que el Supremo acepta revisar la ejecución provisional de la sentencia. Este último dato no paraliza el pago, pero es analizado con esperanza por el equipo de Paulino Rivero.

En medio de una y otra, la secuencia de los hechos anotan dos acontecimientos relevantes. Santiago Pérez, en efecto, acude hace ocho días a la Fiscalía para pedirle que investigue la posible comisión de delitos en el caso Tebeto.

Sólo 48 horas después, Rivero anuncia en el Parlamento la retirada de toda competencia sobre el caso a las consejerías de Economía y Hacienda y de Industria.