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RUBÉN ACOSTA
El Gobierno canario no tiene margen de maniobra para hacer frente hoy al primer pago de 33,7 millones de eneros del caso Tebeto y advierte que tampoco podrá pagar la indemnización total de 102 millones a la que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El Ejecutivo espera que la Sala de lo Contencioso Administrativo falle a su favor en relación con el recurso de súplica antes del 21 de octubre. Ésta es la fecha que el Gobierno entiende como último plazo para pagar al no contar los sábados como días inhábiles (en realidad, los sábados son hábiles en la vía contenciosa).
Los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo en este recurso son que lo máximo que podría pagar serían 10 millones de euros y que 15 días es poco tiempo para realizar los trámites administrativos necesarios para liberar esta cantidad de las partidas presupuestarias para abonársela al empresario Rafael Bittini.
El vicepresidente del Gabinete autonómico, José Manuel Soria, confirmó ayer que, aunque el interés del Gobierno es cumplir con las resoluciones judiciales, "hemos constatado que a lo más que podemos llegar es a la cantidad de 10 millones de euros y así se argumenta en el recurso de súplica mediante un informe de la Consejería de Economía y Hacienda". Soria advierte que "no ha cambiado la situación, no nos ha tocado la lotería, por lo que el escenario de escasez de recursos sigue siendo el mismo".
Soria recordó que la decisión que adopte el Gobierno cuando la Sala decida el recurso será "colegiada". "Ahora mismo no hay ningún colchón financiero" para hacer frente a la indemnización de Tebeto, recalcó el consejero de Economía y Hacienda, para quien "no tiene ningún sentido que se tenga que hacer frente a un pago de 102 millones de euros por una actividad que nunca se inició".
De cara a los presupuestos de 2010, el titular de Economía y Hacienda dijo que las prioridades de la Comunidad Autónoma no son precisamente indemnizaciones como las de Tebeto o la moratoria turística sino la sanidad, la educación o las políticas sociales. "Las prioridades del Gobierno son hacer frente a las necesidades sociales y a cofinanciar los recursos procedentes de la Unión Europea o del Estado, en el resto del presupuesto habrá recortes porque la situación es la que es", aseveró.
Otras fuentes del Ejecutivo regional confirmaron que para el próximo año el Gobierno baraja una cantidad similar a la de este año en el caso de que el TSJC le continúe obligando a pagar a Bittini. El escenario económico es el mismo y los recortes presupuestarios serán mayores que los de este año, por lo que se repetirá el mismo argumento a las resoluciones judiciales.
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