Hace una semana Paulino Rivero anunció que quitaba las competencias del 'caso Tebeto' a las consejerías de Economía y Hacienda (Soria) e Industria (Jorge Rodríguez). El objetivo, según Rivero, es que todas las decisiones se tomen de forma colegiada por todo el Ejecutivo.
Sin embargo, en medios judiciales se vio esa decisión como un intento de blindaje a los titulares de las consejerías citadas ante un posible impago de la deuda. Si el Gobierno no paga y se acuerda una ejecución forzosa de la deuda, la Sala podría deducir testimonio de una posible responsabilidad penal. Para ello, tendría que identificar a los responsables políticos del impago, que desde la decisión adoptada por Rivero recae en todos los consejeros del Ejecutivo, incluido el presidente. P.G.