Ofensiva para frenar el pago

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA De la pasividad más absoluta a la actividad total. Una batería de acciones del Gobierno de Canarias ha desbordado el caudal del 'caso Tebeto' a lo largo y ancho del último mes. Desde la presentación de toda clase de recursos con el fin de paralizar la indemnización de los 103 millones de euros que el Ejecutivo debe abonar al empresario Rafael Bittini, hasta varias decisiones políticas encaminadas a evitar una posible responsabilidad penal individual en algunos de los consejeros del Gobierno, pasando por un lavado de imagen de cara a la opinión pública. Tras las vacaciones de agosto, los servicios jurídicos a las órdenes de Paulino Rivero no pegan ojo.

El punto de partida de esta frenética batería de acciones fue el nuevo informe de tasación encargado "directamente por el presidente Paulino Rivero" de los derechos de explotación de la montaña de Tebeto. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, lo anunciaba a los cuatro vientos nada más producirse la incorporación al trabajo de los cargos públicos en el mes de septiembre: "Se trata de los primeros sondeos reales que se realizan en Tebeto y llegan a la conclusión de que, como mucho, los derechos de explotación cuestan 2,2 millones de euros".

Una tasación que dista mucho de la condena: 92 millones de euros más los intereses.

El mayor reto del Gobierno es paralizar el pago. Por ello, después de que no consiguiera su objetivo de conseguir un aplazamiento a cinco años de la deuda, con el que ganar tiempo hasta el que Supremo resuelva, ahora deposita sus esperanzas en un recurso de súplica ante el TSJC que camina contrarreloj y en el que advierte que este año, como mucho, sólo podrá hacer frente a diez millones de euros.

Pero el Supremo también revisa la Ejecución provisional de la sentencia, una esperanza real de paralizar el pago.