El Gobierno no puede pagar por Tebeto

S. LACHICA - SANTA CRUZ DE TENERIFE. El Ejecutivo regional mantiene su estrategia de poner a la Sala de lo Contencioso del TSJC "en la tesitura de evitar que el Gobierno cometa una ilegalidad presupuestaria para poder acatar la sentencia" que le obliga a abonar los primeros 33,7 millones de euros de la indemnización de 102 millones por el caso Tebeto.

El Ejecutivo regional no parece dispuesto siquiera a pagar parte del primer plazo, pese a que desde la Consejería de Economía y Hacienda se dijo que se disponían como mucho de 10 millones de euros previstos para tal fin. Fuentes próximas al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, insistieron ayer en el hecho de que el recurso de súplica que hoy es probable que resuelva el TSJC "se fundamenta en el principio de que el Ejecutivo debe cumplir unos preceptos legales a la hora de modificar créditos para poder hacer frente al pago del primer plazo", por lo que es "inviable hacerlo legalmente en el tiempo estipulado" por el auto del Alto Tribunal canario.

"Es impensable que el juez obligue al Gobierno a cometer una ilegalidad para poder acatar una sentencia", insisten las fuentes consultadas, por lo que esperan que hoy se dictamine "una ampliación del plazo que se ajuste al informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda relativo a los expedientes de ampliación de crédito, ya que está todo el dinero de este año comprometido".

Las fuentes consultadas, además, creen que la Sala admitirá ampliar el plazo y no procederá a la ejecución forzosa de la sentencia, tal y como solicitará el empresario Rafael Bittini, propietario de la empresa cabo Verde, SA, para "no acrecentar la impresión que se está instalando en la sociedad de que favorece al empresario en contra del Gobierno".

Así, recuerdan que "si en su momento accedió a ampliar el plazo sine díe a Bittini para que pudiera conseguir el aval" necesario para garantizar la devolución de la indemnización si fuera necesario, "no es lógico que ahora no acepte ampliar el plazo que le pide el Ejecutivo".

Sin embargo, fuentes cercanas al procedimiento judicial del caso Tebeto consideran que esta premisa es menos fuerte que el concepto de "ilegalidad presupuestaria" que también esgrime el Gobierno, toda vez que en su momento el TSJC accedió a la ampliación del tiempo de constitución del aval que exigía a Bittini para el pago.