La patronal descalifica el Presupuesto canario

Dice que no servirá para combatir la crisis

 

RUBÉN ACOSTA Los empresarios y los sindicatos no salieron ayer conformes con las explicaciones que les dio el Gobierno sobre los presupuestos autonómicos para 2010. Con la escasa información ofrecida y sin papeles, la patronal de Las Palmas considera que los presupuestos que ultima el Ejecutivo no servirán para salir de la crisis y reactivar la economía en un año que se prevé que sea igual o peor que éste. Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras expresaron sus dudas sobre el compromiso del Gobierno de que se mantendrá el gasto social al mismo nivel que este año.

El presupuesto de 2010 ascenderá a un total 7.138 millones de euros, 302 millones menos que este año (-4,2%), según informó el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. De esta cantidad, 4.540 millones de euros se destinarán a las consejerías de Sanidad (2.800 millones) y Educación (1.740 millones). La Consejería más inversora, la de Obras Públicas, dispondrá de 450 millones. Soria no garantizó el incremento de la inversión pública en 2010 y dijo que la prioridad del Ejecutivo es "abrir un hospital" frente a "hacer una carretera".

Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, criticó que los principales recortes que pretende realizar el Gobierno se centren en la inversión, lo que preocupa a los empresarios. "La prioridad es mantener los servicios esenciales, pero no se aclara si se reduce personal y el gasto corriente y no existen medidas que estimulen la inversión productiva para recuperar el crecimiento económico", señaló García.

Por su parte, los secretarios generales de UGT y CC OO, Juan Francisco Fonte y Juan Jesús Arteaga, señalaron que el ajuste anunciado a los presupuestos puede afectar a las políticas sociales porque se recortarán 40 millones en Educación, entre otros capítulos. Los dirigentes sindicales también mostraron su preocupación por los recortes que puede sufrir los gastos de personal, lo que puede afectar al empleo público. Las centrales exigieron más información antes de aprobar las cuentas.

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