BLANCA SALAZAR / ARONA (TENERIFE)
La interventora del Ayuntamiento de Arona, Lorena López, recibía fuertes presiones políticas del grupo de gobierno de CC y, sobre todo, del alcalde, José Alberto González Reverón, cuando sus informes ponían en entredicho la legalidad con la que los gobernantes gastaban el dinero público en ese consistorio.
La documentación policial y judicial relativa al conocido como caso Arona pone de manifiesto múltiples críticas e insultos que el alcalde dedica a esa técnico encargada de fiscalizar el gasto de dinero municipal cada vez que ésta se negaba a ceder a las presiones a las que era sometida para que cambiara el sentido de sus informes de forma que beneficiaran al gobierno local.
Asimismo, en el sumario de ese procedimiento judicial que afecta sobre todo a gobernantes y ex gobernantes aroneros, también se deja patente que el primer edil ha planteado despedir a la interventora por ser demasiado estricta o, según él, porque "no tiene ni idea" y dice "no a todo".
Así, por ejemplo, sobre la contratación de un técnico, el alcalde reprocha a la interventora "que si el informe de la jefa de Recursos Humanos es favorable y el del secretario también es favorable siempre que no afecte a presupuestos, siendo entonces esta plaza legal", que diga entonces "dónde está el problema". Ella le responde que "consultó el tema con la Audiencia de Cuentas" y que ese organismo tiene "la misma opinión" que ella, pero que si el secretario cree otra cosa "que haga un contrainforme y ya está".
Frente a la insistencia de González Reverón para que cambie el sentido de su informe, la interventora replica "que no lo ve, que ella tiene su criterio y no lo ve, que por eso su informe lo va a mantener sin variar". A lo largo del sumario judicial se documentan otras contradicciones entre el alcalde de Arona y la interventora municipal.