TONY M. ÁLAMO
El Gobierno de Canarias pagó el pasado mes de septiembre 33 millones de euros por un caso similar al de la montaña de Tebeto, en este caso Montaña Rayada en el sur de Fuerteventura. El portavoz del PSC en el Parlamento autonómico, Santiago Pérez, denunció ayer que el Ejecutivo silenció esta sentencia que anula cambios en el planeamiento urbanístico realizados en 1990. De esta forma, otra montaña de Fuerteventura (tras Tindaya y Tebeto) le cuesta millones al erario público aunque en este caso el Gobierno pagó directamente lo que la sentencia marcaba y sustrajo más de seis millones del presupuesto de Sanidad y casi 4,5 del de Educación.
Santiago Pérez explicó con detalles lo que su secretario general, Juan Fernando López Aguilar, había adelantado el sábado, es decir, que el Gobierno de Canarias "venía tramitando casi sigilosamente el expediente para afrontar otra indemnización, la de Montaña Rayada, por 33 millones de euros". Según los documentos mostrados por Pérez (el acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la modificación del crédito presupuestario) desde septiembre de este año el Ejecutivo tomó el acuerdo de efectuar recortes para pagar esta indemnización a la empresa Montaña Rayada SA, que asciende a 33.108.557,81 euros.
Los recortes, que se producen en todas las consejerías, paradójicamente son mayores en las que tienen un perfil más social y de servicio público. Así, las dos áreas que sufren un mayor recorte son Sanidad y Educación. En Sanidad, el Gobierno recortó el pasado mes de septiembre casi 6,4 millones. Por un lado, el Servicio Canario de la Salud vio sus fondos disminuidos en 5.901.990,75 euros, mientras que el resto de la Consejería de Santidad perdió 414.998,79. Además, la Consejería de Educación tuvo que reducir su presupuesto en 4.456.670,23 euros.
Pérez explicó que la sentencia que pagó el Gobierno en septiembre parte de la recalificación en 1990 realizada por la Cumac (durante la Presidencia de Lorenzo Olarte) de "unos terrenos situados en Montaña Rayada que estaban calificados como suelo urbanizable y pasaron a ser rústicos", y criticó que el Ejecutivo haya silenciado los datos.
