R. ACOSTA / S. LACHICA
El Ejecutivo autónomo se mantiene en sus trece sobre el caso Tebeto hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida sobre los dos recursos presentados por sus servicios jurídicos y que siguen pendientes de contestación. Es más, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, confía en que la Justicia no continúe obligando a pagar los 101 millones al empresario Rafael Bittini una vez que el Tribunal Supremo ha admitido revisar el auto sobre la ejecución provisional de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, el Partido Socialista Canario ha exigido al Gobierno que remita al Parlamento toda la documentación sobre todos los litigios judiciales en los que está envuelto y que son susceptibles de sentencia condenatoria. Así lo confirmó el portavoz, Santiago Pérez, al considerar que "es prioritario conocer la factura real de lo que puede llegar a pagar el Gobierno por sentencias judiciales". Según Pérez, "hasta que no sepamos realmente a cuánto asciende el dinero que puede abonar el Gobierno ningún presupuesto elaborado será real", toda vez que "de nada sirve hacer unas previsiones de gastos que luego hay que modificar vía créditos extraordinarios o recortando el gasto previsto".
El portavoz socialista recuerda lo sucedido en el caso de la Montaña Rayada, pues el Gobierno decidió el pasado mes de septiembre reducir en más de seis millones del presupuesto de Sanidad y casi 4,5 del de Educación" para pagar una sentencia condenatoria de 33 millones de euros. "Ya sabemos, porque ha quedado acreditado, cuál es la prioridad del Gobierno cuando hay que recortar gastos, y siempre salen perjudicados los servicios públicos por mucho que al presidente se le llene la boca con que éste es el Gobierno de la gente".