El Gobierno no quiere que los cabildos rijan sobre las licencias comerciales

ACN PRESS El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha considerado hoy que "no es lógico" que la fijación de los criterios que deben regir las condiciones para expedir licencias comerciales se fije en los Planes Insulares de Ordenación (PIO), ya que sostiene que lo que pretende el Ejecutivo regional es, primero, crear unos criterios generales que luego sean aplicados a las particularidades de cada isla.

Así se expresó Rodríguez durante la Comisión General de Cabildos Insulares, en la que se debatía el proyecto de ley de licencias comerciales que ha realizado la consejería de Empleo, Industria y Comercio para dar cumplimiento a la directiva de liberalización de servicios que obliga a flexibilizar mucho más las condiciones de entradas de nuevas superficies comerciales en todo el territorio europeo.

Rodríguez recordó que para trasponer esta directiva al ordenamiento canario e intentar equilibrar los beneficios que sobre la población tendrá la mayor presencia de comercios y la protección al tejido comercial ya existente en Canarias sólo se pueden utilizar criterios territoriales y medioambientales para fijar restricciones a la entrada de nuevas superficies.

Así, a pesar de las críticas de la oposición, defendió la utilización de planes territoriales especiales para fijar dichos criterios, como una manera ("y una obligación") de dotar de criterios generales a las corporaciones locales que luego aplicarían a los ordenamientos insulares.

"Tengan los cabildos absoluta tranquilidad de que el objetivo de los Planes Territoriales Especiales serán incluidos en los PIO porque si no, no tendría validez normativa, pero el Gobierno de Canarias no puede hacer dejación de sus competencias para dar directrices generales", declaró. "El objetivo es dar criterios uniformes, da igual la isla en la que vivamos, todos los canarios deben ser iguales ante la ley", añadió, para insistir en que será el Cabildo y la Cotmac quienes apliquen la directiva en los PIO correspondientes.

Al respecto, el diputado socialista Santiago Pérez planteó que, a su juicio, sería bueno plantearse si no es mejor hacer justo lo contrario, esto es, que los criterios los fijen los cabildos en sus PIO, ya que la directiva directamente a las islas con sus particularidades, y que de ahí se trasladen a los planes territoriales especiales.

Acuden a la figura de un planeamiento específico que acabe en los PIO, no debería ser al revés?

"Si los PIO tienen competencias en el territorio y la única variable para aplicar restricciones es el Medio Ambiente y el territorio, ¿Por qué no se encargan los PIO?", se preguntó Pérez, quien considera que se intenta ordenar territorio a través de planeamientos especiales y así "se va vaciando de contenido el que debiera ser el texto fundamental de ordenación del territorio insular". "El impacto siempre es sobre una isla concreta, no una entidad abstracta", añadió.

Al respecto, pidió que no se equivoquen en el instrumento a utilizar para aplicar estas restricciones "porque podemos estar abonando una complicación legal que se puede acabar en secuelas jurídicas", o lo que es lo mismo, "más sentencias".

"¿Por qué no se hace al revés? Porque si se hace al revés no hay sentido lógico, si cada Cabildo adopta en su isla y cada municipio sus criterios no hay una directriz de carácter general", respondió el consejero.

Sobre el futuro de esta ley, a pesar de las divergencias, dijo: "Estoy absolutamente convencido de que a pesar de que esta ley se ha realizado a través de un procedimiento muy participativo, a pesar de ese más de año y medio de debate, tras su paso por el Parlamento de Canarias el proyecto se verá mejorado".