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R. ACOSTA
El Gobierno regional eludió ayer la petición de los cabildos y ayuntamientos de pactar una moratoria para el pago de la deuda que, por segundo año consecutivo, ha generado la liquidación negativa de los tributos del REF por el descenso de la recaudación. El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, mantuvo ayer la posición ya manifestada por el consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, sobre la necesidad de cumplir con la ley y la imposibilidad por parte de la Comunidad Autónoma de asumir la solicitud de las corporaciones locales ante las dificultades financieras por las que atraviesan también las arcas autonómicas.
Marrero afirmó que peticiones como la de una moratoria en el pago de las deudas o debatir la descentralización administrativa "no se pueden simplificar y despacharlo en unas declaraciones, deben sentarse las tres partes y alcanzar acuerdos con el fin de que no se vean afectados los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos". En el caso del traspaso de competencias entre las corporaciones locales, el Ejecutivo considera que el proceso con los cabildos "está cerrado" y ahora falta la descentralización hacia los ayuntamientos.
La Comunidad Autónoma "no cree que la confrontación entre las administraciones sea la mejor manera de resolver los problemas", señaló el portavoz. En este sentido, recordó que con la anterior polémica sobre los planes sectoriales también se inició una batalla dialéctica entre las administraciones y después se solucionó en poco tiempo.
Marrero recordó a las corporaciones locales que en el presupuesto de 2010 hay un incremento de las partidas destinadas a las transferencias a las corporaciones locales de un 13,4%, mientras que las cuentas autonómicas caen un 4,2%, lo que supone un "esfuerzo" por parte del Ejecutivo para incrementar este capítulo pese a la situación "excepcional" que se está viviendo debido a la crisis.
Lo que sí reconoció el Gobierno ayer es el incumplimiento de su compromiso de crear una comisión técnica para debatir la insuficiencia presupuestaria de las competencias que han recibido los cabildos en estos últimos años. Martín Marrero aseguró que en la agenda del presidente Paulino Rivero figura como "prioridad" los problemas de cabildos y ayuntamientos, por lo que esta comisión continúa pendiente y en la agenda del Ejecutivo autónomo. El portavoz de la Administración autonómica reiteró que el diálogo "sigue abierto" con los cabildos y demás administraciones locales.
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