La corrupción pasa factura en Canarias

PEDRO GUERRA
"La corrupción es el mayor cáncer de la Democracia y tenemos que combatirla con toda nuestra energía". Para entender las palabras del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pronunciadas el pasado viernes en la capital grancanaria, sólo hace falta echar un vistazo a Canarias: Sesenta y cuatro cargos públicos imputados y 147 millones de euros investigados por malversación es el balance de los casos de corrupción que se investigan en el Archipiélago. Y también operaciones urbanísticas de calado cuya cuantificación económica se hace casi imposible.

La multiplicación de casos de corrupción en Canarias en los tres últimos años ha colocado a las Islas a la cabeza del país en procedimientos junto a Madrid y Andalucía. En España existen cerca de 800 imputados por corrupción. De ellos, 182 están en Canarias dentro de al menos quince tramas distintas investigadas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

Desde que en febrero de 2006 saltara a la luz pública el caso eólico, una presunta trama de corrupción en torno al concurso público para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, el Archipiélago se ha movido a golpe de detenciones, imputaciones y presuntas tramas de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Un sólo caso investiga el paradero de un tercio del dinero público presuntamente malversado: Las Teresitas. Aquí, la Fiscalía Anticorrupción puso la lupa desde hace casi tres años a la operación de compraventa de los terrenos aledaños a la playa santacrucera, realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un montante de 52 millones de euros. Varias comisiones rogatorias a paraísos fiscales bucean en busca de comisiones ilegales pagadas presuntamente a varios cargos públicos del consistorio, en una causa cuyo principal imputado es el alcalde Miguel Zerolo. Del caso Las Teresitas queda pendiente de conocerse la parte más suculenta del sumario, donde la policía ha investigado el patrimonio de los principales imputados, entre los que se encuentra, además del alcalde, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo (CC), y los ex concejales del PSOE y PP Emilio Fresco y José Emilio García Gómez.

Hay dos tramas que llaman la atención por su volumen: el caso Faycán, en Telde, y el caso Arona, en el municipio tinerfeño del mismo nombre. Entre los dos suman 72 imputados, de los que 24 son cargos públicos. Destacan entre los implicados el que fuera alcalde de Telde Francisco Valido y el actual alcalde de Arona, José Alberto González Reverón.

Otras investigaciones no han hecho más que empezar, como los casos Unión y Yaiza, en la isla de Lanzarote.