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DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE - Usted ha utilizado el símil de los apuros de una familia para argumentar la filosofía de los Presupuestos 2010, con importantes restricciones obligadas por el desplome de los ingresos. ¿Cuál es esa filosofía?
- Una consecuencia de la crisis es que hay familias en las que antes trabajaban dos y ahora solamente uno, como consecuencia de lo cual sus ingresos se reducen a la mitad y tienen que ajustar sus gastos. Al mismo tiempo, hay empresas cuyo volumen de facturación ha disminuido un 20 o un 30 por ciento y han tenido que ajustar sus costes. ¿Cómo vamos a pretender las administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, que cuando caen los volúmenes de recaudación no ajustemos el gasto? El problema es que para algunos políticos resulta muy difícil, para algunos incluso imposible, explicarles a los ciudadanos que van a tener que gastar menos. Eso es irresponsable. Los ciudadanos son más inteligentes de lo que algunos políticos suponen y saben que la crisis ataca a las familias, a las empresas y a los gobiernos. Son unos presupuestos realistas, austeros, con ajustes severos motivados por la pérdida de ingresos, y solidarios con los más desfavorecidos y las corporaciones locales.
- Pero ¿esas familias van a sufrir una pérdida de calidad en los servicios públicos esenciales?
- Yo garantizo que ningún servicio público fundamental va a quedar afectado por la reducción del gasto. ¿Por qué? Porque la reducción del gasto se va a operar fundamentalmente en lo que es el funcionamiento de la administración. El importante volumen del ajuste en el capítulo de gastos va a exigir un sacrificio en todo el sector público.
- ¿Se ha mantenido la congelación de 2009 de los salarios de los altos cargos del Gobierno de Canarias?
- Ya eso lo habíamos aprobado en 2008 para 2009 y lo hemos vuelto a incluir para 2010. El POSE llega a remolque, pero nos alegramos de que también contemple como buena medida que los miembros del Gobierno y todos los altos cargos nos congelemos los sueldos. Y en relación al personal gerente de las empresas públicas, hemos introducido una disposición adicional para que esos sueldos se acerquen paulatinamente a los que hay en personas equivalentes en el Gobierno. No es admisible que haya gerentes de empresas públicas que estén cobrando el doble que el presidente del Gobierno.
- Hay un equilibrio casi total en el gasto capital entre Tenerife (276 millones de euros) y Gran Canaria (274). ¿Para evitar susceptibilidades?
- Es el equilibrio teórico de asignación, pero a lo largo del año, cuando esas inversiones deben ejecutarse, algunas lo hacen más que otras por culpa de la gestión de ayuntamientos o cabildos. Por ejemplo, en los últimos años ha sido muy difícil para el Gobierno de Canarias ejecutar inversiones en islas como Lanzarote o Gran Canaria, porque los equipos de gobierno de esos cabildos han dificultado mucho la labor.
- ¿En ningún momento se planteó una modificación en la capacidad recaudatoria para compensar el desplome previsto?
- Parece ser que lo progresista ahora es subir los impuestos, puesto que el Gobierno de la nación, que presume de progresismo, ha decidido subir el IVA, o gobiernos como el de Las Palmas, que también presume de un gran progresismo, aumentan los impuestos a los ciudadanos. La posición del Gobierno de Canarias es que el coste del ajuste no puede recaer sobre los ciudadanos, en términos de más impuestos, sobre todo porque si aumentamos el impuesto sobre el que Canarias tiene más capacidad de decisión, el IGIC, no conseguiremos nada: subiría para todos por igual, tal y como está establecido, independientemente de lo que gane cada uno.
- Los recortes en Educación y Sanidad han generado grandes críticas. ¿Qué opina al respecto?
- Lo más relevante en estos presupuestos son las dos grandes partidas para Educación y Sanidad. De un presupuesto de 7.495 millones de euros, Sanidad se lleva 2.850 y Educación, 1.750. Luego van 550 millones para las corporaciones locales, 460 millones para Obras Públicas y Transporte, más de 300 millones para Empleo, unos 250 para políticas sociales... Esas seis partidas -para abrir hospitales, abrir colegios, dar dinero a ayuntamientos y cabildos, impulsar el empleo y desarrollar las obras públicas- suponen el 83 por ciento del presupuesto. Otra cuestión importante es que bajan los capítulos de personal y gastos corrientes en general.
- Ha dejado claro que no hay partida para los 103 millones de euros por Tebeto hasta que no se llegue al final en la batalla judicial. Sí hay previstos 33 millones para el otro caso de Montaña Rayada. ¿Cuál es el coste de las nuevas sentencias que se esperan sobre la moratoria?
- Sí hay algunos otros casos que tienen que ver con la moratoria y con lo que para mí ha sido la ley más disparatada que se ha hecho en Canarias. Es un disparate en el que participamos todas las fuerzas políticas y que propició el que entonces era presidente del Gobierno, Román Rodríguez. A este Gobierno sí le preocupan los derechos adquiridos de los promotores, que esa ley se cargó de un plumazo. Algunas de esas indemnizaciones están sobre la mesa, pero no le podría dar cifras concretas. Lo único que le puedo decir es que las más gordas son Tebeto y Montaña Rayada. Ninguna de las que pueden venir llega a esas cifras.
- Pero los ajustes por el caso Montaña Rayada ya han supuesto una merma en Educación y Sanidad...
- Eso no es cierto. De hecho, son las carteras menos afectadas. Lo que se ha hecho es aplicar la Ley de la Hacienda Pública y efectuar las retenciones de crédito por los 33 millones de la sentencia.
- Los ingresos por el IGIC han caído nada menos que un 50%.
- El Estado se está quedando con una parte que es nuestra, la de la recaudación del IGIC. Es que se la reclamamos entera: más de 250 millones de euros. Y ahora lo que nos dan son 170: unos 70 millones para un plan de empleo y 100 para comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Pero que se sepa bien claro que eso es nuestro; estos 250 millones son de todos los canarios. Luego, vienen 50 millones para parques tecnológicos -un préstamo a pagar sin intereses- y fondos para convenios hidráulicos, la Ley de Dependencia y Vivienda e Inmigración. Como vicepresidente y consejero de Economía, no voy a dejar de pedir al Estado lo que nos pertenece, aunque sea un solo céntimo.
- ¿Y el tan pomposo Plan Canarias no da por ahora para más?
- Se ha querido vender como el Plan Marshall. Y no lo es, no se engañen. El programa que anunció Zapatero de 25.000 millones para las islas, a razón de 2.500 por año, en 2010 por lo menos no se verá. No lo veo. Coincidimos con los objetivos; yo no conozco a nadie en Canarias que se oponga a más empleo, más innovación, mejor industria, mejor turismo... Pero hace falta mucho más que eso. Hay párrafos de ese Plan que son una copia literal del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PP de 2007.
- ¿Qué opina del ultimátum de los cabildos sobre el reparto del REF?
- No es tiempo de ultimátum. No es propio de representantes de instituciones. Los ciudadanos esperan acuerdos, no eso de que ésta es mi posición y si la quieres, bien, y si no, también.
- Se ha incluido la posibilidad de deducir 100 euros en el IRPF a los desempleados de más de seis meses. ¿Esto es nuevo?
- Es un aligeramiento en la carga fiscal de quienes sólo han tenido como ingreso el subsidio por desempleo. Es la primera vez que ponemos en marcha una medida como ésta.
- Organizaciones empresariales se han quejado de que el proyecto de la Ley de Comercio vuelve a favorecer a las grandes superficies.
- El proyecto de la Ley de Comercio está en el trámite parlamentario y estoy seguro de que va a tener las modificaciones que pactemos entre los grupos con el fin de mejorar un texto que tiene que ser adaptado a lo que es la obligatoriedad de la transposición de la directiva de servicios.
- ¿Se sigue sintiendo perseguido por la Justicia?
- Yo nunca me he sentido perseguido por la Justicia ni por la policía, ni personalmente ni como miembro del PP. Los jueces y fiscales, en el 99,9 por ciento, son muy profesionales y están prestando un servicio público a veces impagable. Y de la policía tengo que decir lo mismo. Ahora bien, en el 0,1 por ciento restante sí que se incluyen fiscales que apartan deliberadamente de un sumario pruebas que pueden beneficiar a una de las partes (lo vimos con mi compañero Paco Camps), jueces que son capaces de grabar ilegalmente a un abogado con su defendido (lo acaba de hacer el señor Garzón) y policías que son capaces de decir hasta 17 falsedades en un informe, como me ocurrió a mí.
- ¿Qué opina del caso Gürtel?
- La gente no está preocupada por el caso Gürtel ni por las opiniones que viertan unos compañeros y otros del partido. Ahora bien, en el PP tenemos mucha fortaleza y alguna debilidad. La debilidad es que en el PP no se nos perdonan las discrepancias que tenemos y manifestamos. Desde que las manifestamos, se transmite la idea de que tenemos enormes trifulcas. Cuando eso ocurre en otros partidos, se transmite la idea de que es producto del rico debate interno y de la pluralidad. Pues bien, si yo sé que eso es una debilidad de mi partido, no lo hago, y cuando tengo que manifestar una opinión contraria, la digo en los órganos del partido. Me parece totalmente rechazable el fondo y las formas que han tenido declaraciones como las de mi compañero, y buen amigo, Manuel Cobo. Es intolerable que la presidenta de la Comunidad de Madrid [Esperanza Aguirre] haya recibido los calificativos que hemos oído.
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