El PSC quiere que los diputados sean juzgados por tribunales ordinarios

SALVADOR LACHICA
El PSC no cree democrático que los diputados regionales mantengan el privilegio de ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y no por un juez ordinario, como el resto de los ciudadanos. Por ello, su portavoz parlamentario, Santiago Pérez, anunció que aprovecharán la reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la propuesta de suprimir el fuero de todos los diputados y altos cargos del Gobierno, salvo el del presidente del Ejecutivo "por ser también el presidente de la Comunidad Autónoma ". Pérez afirmó que esta medida ha sido consultada con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien le comentó que la iniciativa era "magnífica" y, de salir adelante, "pondría a Canarias en la vanguardia" de las medidas para acabar con varios déficits democráticos del sistema español y luchar contra la corrupción.

"Hay que restablecer el principio de sometimiento al juez ordinario y suprimir un privilegio que no tienen ningún sustento constitucional en lo referido a diputados autonómicos y, por ello, es tan fácil de suprimir como lo fue de implantar", aseguró Pérez. El también secretario general de Política Autonómica cree que los diputados "deben someterse al principio de igualdad ante la ley y acabar con un aforamiento que data de hace dos siglos, cuando se quería evitar que el Monarca pudiera ejercer una detención arbitraria contra el poder legislativo para favorecer al Ejecutivo, que estaba controlado por él".

Esta supresión del fuero no afectaría al principio de inviolabilidad de los diputados, por el que se salvaguarda que no pueden ser denunciados ante los tribunales por sus actos o declaraciones mientras mantienen el cargo, pero sí al de inmunidad, ya que actualmente "cualquier diputado es juzgado por un magistrado superior incluso por actuaciones que hizo antes de ser elegido", lo que a juicio de Pérez es un contrasentido. Además, el dirigente socialista cree que esta medida, por como han transcurrido los últimos acontecimientos tanto en Canarias como en el resto de España, "podría ayudar a la lucha contra la corrupción" porque considera más eficaz para el sistema judicial que sean los jueces ordinarios quienes lleven los casos.

De esta manera, Pérez se alinea con tesis recientemente expuestas al respecto como las expresadas por el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, que formó parte de la Fiscalía Anticorrupción de 1995 a 2003 y cuyo caso estrella fue el de Torras-KIO, cuando afirmó que "los aforamientos obligan a tribunales superiores no preparados para ello a investigar estos delitos".