Daños y perjuicios por no recibir las ayudas

EFE. El PSC-PSOE propuso hoy a las personas dependientes y a sus familiares que interpongan una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Gobierno de Canarias para exigir los fondos a que tienen derecho según la Ley de Dependencia.

Con ello obligarían al Gobierno de Canarias a indemnizarlos por los daños y perjuicios derivados de no haber recibido las ayudas prescritas.

La diputada socialista Francisca Luengo considera que de esta forma se puede obligar al Ejecutivo canario a cumplir con sus obligaciones con las personas dependientes, pues aunque el Estado aporta los fondos para atenderlas, la Comunidad Autónoma "hace caja" con ellos y no aporta el 50 por ciento al que está obligado.

Según aseguró Luengo durante una rueda de prensa, el Gobierno de Canarias "desvía los fondos" que recibe del Estado para atender a las personas dependientes y los destina a otros fines, por lo que pidió que el Ejecutivo Autónomo explique dónde están.

La Ley de Dependencia se puso en marcha en 2007, pero a pesar de haber pasado más de dos años desde entonces, las personas dependientes todavía no han recibido las ayudas solicitadas en esa fecha.

La larga demora en la tramitación y en la concesión de esas ayudas hace que "unas 1.500 personas mueran en el camino" sin haber recibido los fondos a que tenían derecho por su situación.

Con fecha de 1 de noviembre pasado, había en Canarias 25.787 solicitudes relacionadas con la Ley de Dependencia, pero sólo se habían concedido 5.118 prestaciones, lo que demuestra la falta de interés del Gobierno de Canarias en aplicar la norma.

Esto hace que la Comunidad Autónoma se sitúe a la cola en aplicación, junto a Madrid y Valencia.

En opinión de Luengo, el Gobierno canario reparte los fondos entre las personas dependientes atendidas en centros públicos y ha centralizado toda la concesión de las ayudas, sin permitir la intervención de cabildos y de ayuntamientos a pesar de que la ley lo permite.

El sistema de atención a los dependientes se financia únicamente con cargo a lo que aporta el Estado y los propios dependientes y sus familias, sin el dinero que el Gobierno de Canarias debería aportar.

Luengo destacó el sufrimiento que se encierra detrás de cada ayuda demorada, pues se trata de personas en situación de necesidad que no reciben el apoyo económico que la ley establece y les permitiría una calidad de vida mejor.

En algunos casos las situaciones son dramáticas, insistió Luengo, quien acusó tanto al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, como a su vicepresidente, José Manuel Soria, de boicotear la Ley de Dependencia aprovechando que se trata de un problema oculto que sufren las familias.

En el caso de Soria, aseguró la diputada socialista, es conocido el deseo de su partido, el PP, de que los servicios sociales se privaticen.