La Cámara aborda dos normas que cuestionan los juristas

SALVADOR LACHICA
El Parlamento inicia hoy la tramitación para aprobar dos de las principales leyes de la presente legislatura y que el Gobierno se ha empeñado en remitir a la Cámara pese a las objeciones que sus propios Servicios Jurídicos han puesto a ambos textos.

Tanto la Ley de Participación Ciudadana como la de Regulación de la Licencia Comercial han sido cuestionadas no solamente por el Consejo Económico y Social (CES) y el principal partido de la oposición, el PSC, sino que la Dirección General del Servicio Jurídico ha puesto reparos a los mismos.

En el caso de la Ley de Comercio, que se tramitará con el procedimiento abreviado para que sea aprobada con rapidez, los Servicios Jurídicos reflejan en su dictamen del 17 de agosto la "cierta incoherencia que parece entreverse" en el hecho de que el proyecto legislativo pretenda adaptarse a la llamada Directiva Bolkestein de la Unión Europea "cuando lo que hace es, precisamente, apartarse de ella y excepcionar su aplicación".

Esta misma crítica, que es el fundamento de la enmienda a la totalidad presentada por el PSC, también es compartida por el CES, que además alerta que el otorgamiento por parte del Ejecutivo de la licencia comercial, en vez de ser una potestad de los cabildos, altera tanto la Ley de Ordenación del Territorio como la de Directrices.

En concreto, el CES opina que "la intervención en el territorio en materia de equipamientos comerciales dispone de un marco bien preciso de asignación de competencias y reparto de funciones" que "sufriría una sustancial alteración" si se aprueba la Ley de Comercio al querer ésta "ampliar las competencias del Gobierno" frente a los cabildos insulares.

Por lo que se refiere al otro proyecto legislativo cuestionado, como es el de Participación Ciudadana, tanto el CES como los Servicios Jurídicos del Ejecutivo cuestionaron la confusión que la norma hace de el concepto de participación política de una consulta ciudadana, convocando al cuerpo electoral, algo que la Constitución reserva únicamente al Estado a través de los referendos.