SALVADOR LACHICA
Los grupos que apoyan al Gobierno pretenden con estas enmiendas "semánticas y técnicas" que las consultas ciudadanas y los tribunales populares "encajen en el marco constitucional", aunque "sin perder los objetivos de base". Así lo confirmaron tanto la portavoz del PP, Mar Arévalo, como la de CC, Nuria Herrera, y el propio consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, frente a las críticas del socialista Santiago Pérez, quien aseguró que tanto el Gobierno como los grupos que lo apoyan tienen "muy poca credibilidad cuando hablan de calidad democrática y desarrollo de participación ciudadana".
Arévalo garantizó al PSC que "no se buscan intereses espurios ni al margen de la Constitución" con el proyecto de ley, por lo que adelantó que su grupo efectuará cambios en el artículo que regula las "consultas al cuerpo electoral" con el fin de que no puedan ser confundidas con los referendos que la Carta Magna asegura que son competencia exclusiva del Estado.
Este aspecto es uno de los más polémicos del texto gubernamental, e incluso fue objeto de reparos por parte del Consejo Consultivo y de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo y es la base de las fuertes críticas socialistas. Por lo que se refiere a los tribunales populares, la dirigente del PP apostó por denominarlos "jurados ciudadanos" como en Valencia o Francia.
Por ello, Ruano se centró en el hecho de que el proyecto de ley está adaptado al ordenamiento constitucional, pues se atendieron las objeciones del Consejo Consultivo promoviendo "consultas a la ciudadanía" mediante sondeos de opinión y encuestas.
Pérez insistió en sus críticas basadas en que con esta ley el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, "paga su tributo al propietario del periódico El Día" al sentar las bases de su propio Plan Ibarretxe para consultar sobre la independencia.
