El Gobierno encañona la moratoria

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Después del éxito momentáneo de la estrategia ultradefensiva de Paulino Rivero para evitar el pago de la indemnización del caso Tebeto, el Gobierno de Canarias anunció esta semana que los servicios jurídicos se entrenan para la lucha cuerpo a cuerpo en otro frente no menos complejo: "Vamos a combatir abiertamente todas las sentencias que condenan al Gobierno de Canarias a pagar por la moratoria, porque nos parecen injustas", apuntó el presidente.

La moratoria, técnicamente conocida como Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, es ese instrumento legal creado para evitar el crecimiento indiscriminado de establecimientos turísticos en el Archipiélago. Sin embargo, la paralización sine díe (según la justicia) de proyectos urbanísticos que contaban con toda la documentación en regla ha propiciado un chorreo de sentencias en contra del Gobierno que le obligan a indemnizar a los empresarios con cantidades que, por el momento, superan los 150 millones de euros.

La pregunta es cómo se van a combatir esas sentencias, que aunque están pendientes de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en algunos casos ya se han aceptado ejecuciones provisionales por valor de más de cien millones de euros. Otro tebetazo.

"Lo que ha ocurrido es que los gobiernos de Adán Martín y Paulino Rivero han abandonado a su suerte el desarrollo de una ley absolutamente estratégica aprobada por unanimidad en el Parlamento", apunta Román Rodríguez, presidente del Ejecutivo en el momento en que la ley consiguió el visto bueno de la Cámara. "El problema no es la ley, sino su flagrante incumplimiento", explica Rodríguez sobre un instrumento que para algunos urbanistas de reconocido prestigio "llegó tarde, de forma incompleta y después de hacer mucho ruido".

"La ley no fue renovada a los tres años, como establece el propio texto legal, y no se incentivaron las distintas políticas de planeamiento que mandataba", explica Rodríguez, y "ésa es la razón fundamental por la que ahora se tengan que pagar indemnizaciones: la suspensión sine díe de los derechos edificatorios de los particulares, aunque hay sentencias de la moratoria en las que por contra prevalece el interés general". "Porque no existe ninguna sentencia que condene la Ley, lo que se condena es su incumplimiento".

El que está considerado uno de los padres de la moratoria y que formó parte del equipo redactor de la ley, Faustino García Márquez, tiene clara la estrategia para combatir las indemnizaciones: "Todo pasa por cumplir con el desarrollo de la ley. No se han desarrollado las directrices de ordenación sectoriales que se establecieron en la propia ley y otra serie de medidas. De eso no se ha hecho nada absolutamente, y esa es la razón de las condenas en las sentencias", apunta. "Aquí son tan importantes las medidas legales como las administrativas", explica.

"En varias de las sentencias está recogido", prosigue, "la recriminación al Gobierno de haber paralizado el desarrollo de la propia Ley y el cumplimiento de sus determinaciones".

"No le queda otra al Gobierno", explica García Márquez, "se tienen que cumplir las determinaciones de la ley para poder combatir las reclamaciones, algo que no se ha hecho para no molestar a los poderes municipales y económicos".