R. ACOSTA/A. ZABALETA
Las indemnizaciones solicitadas por las empresas al Gobierno por no poder edificar en terrenos clasificados como de uso turístico debido a la segunda moratoria suman al menos 836 millones de euros sólo en Gran Canaria. A los 550 millones que solicita Lopesan habría que añadir 230 por parte de Santana Cazorla, 35 millones de Aldiana y 21 de Satocan. El Ejecutivo confirmó ayer que al menos una docena de empresas han presentado reclamaciones para que se les reconozca el derecho a ser indemnizadas tal y como establece la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo. Además de las sociedades ya citadas hay otras como Seaside o Puerto Rico SA que también presentaron reclamaciones por terrenos situados en Gran Canaria, además de otras de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
El Ejecutivo regional defendió ayer lo que contiene la norma aprobada hace seis meses porque establece mecanismos y alternativas para evitar una "cascada" de indemnizaciones en los tribunales, como ha pasado con la anterior moratoria. El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, recordó que entre los instrumentos de los que puede hacer uso la Comunidad Autónoma figura la expropiación forzosa. Marrero indicó que el Ejecutivo ya había previsto un escenario de este tipo debido a las importantes bolsas de suelo turístico que no fueron desclasificadas por las Directrices de 2003 y por eso estableció la opción de la expropiación y otras dos alternativas para que los empresarios afectados pudieran hacer uso de esos terrenos.
Por otro lado, el consejero regional de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, señaló ayer que el Ejecutivo deberá estudiar "caso por caso" para comprobar si, efectivamente, existe un derecho consolidado que resarcir. "En caso de ser así, se tratará de dar la posibilidad de edificar en otros suelos, pero con más volumetría", explicó.
En todo caso, Ruano censura el valor de las indemnizaciones que solicitan los empresarios. "Las indemnizaciones que se piden y las que se han dado son excesivas", afirmó, para alertar sobre la necesidad de que los tribunales pidan otras valoraciones, tanto por parte del Gobierno canario como en forma de tasaciones realizadas por peritos.
