RUBÉN REJA
Los principales empresarios de Canarias (entre ellos los reclamantes) coincidieron ayer en que el Ejecutivo regional "pagará muy caro su intervencionismo" y respaldaron las compensaciones económicas exigidas por las empresas afectadas por la denominada segunda moratoria. Unas indemnizaciones millonarias previstas en la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del turismo y que reconoce el derecho de indemnización a los titulares de suelo turístico en el que no se pudo construir por culpa de las exigencias de la moratoria.
Los principales grupos hoteleros, que ya han exigido contraprestaciones, confirman que han actuado conforme a derecho y con la ley en la mano. El directivo de Sea Side Hotels, Fernando Larroche, destaca que la intervención pública sobre el territorio "no ha sido positiva para la economía", al tiempo que coinciden con el presidente de Lopesan, Eustasio López, al afirmar que "la ley nos ampara a la hora de pedir compensaciones".
En este contexto, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE), Sebastián Sánchez Grisaleña, destacó ayer que "la experiencia nos ha enseñado que el intervencionismo y el exceso de burocracia lastran el desarrollo". "El Ejecutivo", insistió, "no lo podía haber hecho peor", en referencia a la moratoria. En la misma línea se expresa el empresario Alberto Cabré, quien denuncia "que el Gobierno regional no reacciona en un momento de debilidad económica sin precedentes. La inseguridad jurídica creada", dice, "tiene desconcertado al inversor".
Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, calificó la situación "de estado de urgencia" debido al elevado endeudamiento al que se enfrentará el Gobierno de Canarias por su "repetida incompetencia". El Círculo de Empresarios, además, aboga por una "urgente regeneración política".