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´La Moratoria se hizo a medida de los dueños de suelo´

Coalición cree que la nueva norma evita los conflictos en los tribunales

 

SALVADOR LACHICA
Manuel Fajardo, portavoz del PSC durante toda la tramitación de la Ley de Medidas Urgentes, aseguró ayer que la pretensión de los empresarios demuestra que "el Ejecutivo lo que hizo fue claudicar ante los dueños del suelo y el hormigón" al confeccionar una ley ad hoc que les beneficiaba.


Según Fajardo, "en el mundo empresarial ya existe el dicho de que pleitear con el Gobierno sale muy rentable" y, a su juicio, lo que está pasando ahora "no hace más que demostrar que las Medidas Urgentes buscaban acabar con la Moratoria y que ése era el consenso que el Gobierno buscó en su momento".


El diputado socialista insistió en el "oscurantismo" que envuelve todas las acciones del Ejecutivo que tienen que ver con el territorio, "pues la Consejería de Política Territorial lo sabía todo desde el jueves y no lo han comunicado hasta que sale publicado en los medios de comunicación", por lo que espera que "expliquen todo lo que hay que explicar en la comparecencia que se celebrará en el próximo pleno" del Parlamento regional.


Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, que fue el encargado de negociar la Ley de Medidas Urgentes en la Cámara regional, considera que la misma "está funcionando", en tanto en cuanto antes de su aprobación "estas indemnizaciones habrían acabado en pleitos en los tribunales", mientras que ahora "comienza una negociación entre los empresarios y el Gobierno" tendente a que las arcas de la Comunidad autónoma no se vean más afectadas.


González recordó que hasta ahora las sentencias por lucro cesante han sido perjudiciales para la Comunidad autónoma, pero la vigente ley "da alternativas a los que tienen derechos edificatorios para evitar que los tribunales impongan indemnizaciones a la Administración". Además, insistió: "No creo que los empresarios busquen esa vía, pues en estos momentos la ley de la oferta y la demanda les obliga casi a no construir; lo que quieren conseguir es una garantía de que en cinco años lo podrán hacer, cuando escampe la crisis".

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