Rivero negociará no pagar por la segunda moratoria

D. RIVERO/R. ACOSTA
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se mostró ayer tajante al asegurar que su Ejecutivo no va desembolsar "ni un euro" por las reclamaciones que han presentado los empresarios en concepto de indemnizaciones por la segunda moratoria turística. Rivero insistió en buscar la vía de la negociación, el acuerdo y el consenso con los empresarios para evitar el pago de indemnizaciones que quebrarían la Hacienda canaria.

El presidente aseguró que respeta los derechos de los empresarios pero advirtió que "vamos a trabajar sin descanso para no pagar un solo euro de las compensaciones que están exigiendo". Dijo que se van a evaluar "con tranquilidad" si ha existido algún daño económico a los empresarios y afirmó que el Ejecutivo llevará a cabo una defensa "proactiva" de sus intereses frente a las reclamaciones privadas. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados a esperar que los tribunales nos condenen a pagar indemnizaciones", aseguró.

En este sentido, las reclamaciones que han presentado las empresas ante la Comunidad Autónoma solicitando ser indemnizadas por no poder edificar en terrenos de uso turístico afectan a un mínimo de 25.000 camas en Gran Canaria, en una extensión total de 1,4 millones de metros cuadrados. Por estas plazas turísticas los empresarios solicitan más de 800 millones de euros de compensación por los derechos urbanísticos consolidados que se han visto frenados por la moratoria que entró en vigor en 2003 y que la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo mantiene cinco años más.

Sin embargo, estas 25.000 camas son sólo una parte de las plazas que se vieron directamente afectadas en 2003 cuando entraron en vigor las Directrices de Ordenación General y del Turismo. En aquel momento los planes sectoriales que estaban sin desarrollar podían albergar a más de 400.000 camas turísticas. De un 'plumazo' el Ejecutivo desclasificó 7.000 hectáreas (70 millones de metros cuadrados) y eliminó la posibilidad de construir cerca de 250.000 plazas en terrenos que sólo disponían de la calificación pero no tenían los derechos urbanísticos consolidados; se dejaron fuera del planeamiento 213 planes sectoriales.

Tras esta actuación del Gobierno quedaron aún terrenos que sí tenían sus derechos y que, según los cálculos realizados por la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, pueden albergar a unas 300.000 camas más. Una parte de este suelo, con proyectos que se vieron interrumpidos cuando ya tenían las licencias y los procedimientos administrativos finalizados, es el que ha acabado en los tribunales mediante una 'cascada' de recursos, varios de los cuales se encuentran recurridos por el Ejecutivo en el Supremo. Más de 100 millones en indemnizaciones se encuentran pendientes.

Con la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo (la segunda moratoria) el Ejecutivo dio seis meses de plazo para que las empresas pudieran reclamar si consideraban que disponían de terrenos en condiciones urbanísticas consolidadas.