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CC y PP ampliaron el número de empresarios con derecho a recibir indemnizaciones

El Pacto enmendó el artículo 17 para ofrecer otras alternativas a las empresas

 
Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el Parlamento.   LA PROVINCIA/DLP
Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el Parlamento. LA PROVINCIA/DLP  
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SALVADOR LACHICA
Los grupos del Pacto (CC y PP) presentaron dos enmiendas al artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo cuando se debatió en el Parlamento para incluir un mayor número de licencias edificatorias que pudieran acogerse a las indemnizaciones y permutas a las que tienen derecho los empresarios, que sólo en Gran Canaria suponen un agujero de 836 millones de euros para cuatro proyectos. El PSC también enmendó este polémico artículo, pero para pedir que se suprimiera.


En concreto, la enmienda número 29 que presentaron conjuntamente nacionalistas y populares al texto elaborado por el Gobierno, y con la justificación de "dar solución a los titulares de este derecho", incluye a "las licencias de edificación de nueva planta alojativa turística otorgadas con anterioridad al 15 de enero de 2001 que no estuvieran en situación de caducidad" entre aquellas que el empresario turístico puede usar para pedir una indemnización por derechos edificatorios, sus sustitución por otro uso o su recategorización y traslado a otros terrenos. Es decir, que CC y PP incluyeron a todas aquellas camas que tenían licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la moratoria, con el fin de evitar que las mismas pudieran ser esgrimidas ante los tribunales para pedir una indemnización por lucro cesante.


Estas licencias, recogidas en la disposición transitoria quinta de las Directrices del año 2003, se refieren a "establecimientos con categoría igual o superior a tres llaves o tres estrellas" y que estaban paralizados por la moratoria, motivo por el cual los socialistas aseguraron, aunque sin referirse expresamente al artículo 17, que el Gobierno y los grupos que lo sustentan pretendían "cargarse la moratoria turística" aprovechando "algunas demandas legítimas de determinados sectores económicos como coartada".

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