R. ACOSTA
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial ha recibido un total de 53 reclamaciones indemnizatorias por parte de empresas que se han visto afectadas por la moratoria turística y que se han acogido a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo. Medio centenar proceden de la provincia de Las Palmas, sobre todo Gran Canaria y algo de Fuerteventura, mientras que sólo tres son de la isla de Tenerife.
El departamento que dirige Domingo Berriel ha dejado claro que las solicitudes no equivalen al número de empresas que han reclamado ya que una misma sociedad ha podido presentar varias peticiones bien a través de empresas filiales o bien por cada parcela o terreno afectado. Ahora empieza un largo proceso ya que la Consejería pedirá documentación a cada solicitud mediante un plazo de subsanación que se abre ahora. Después se analizará cada expediente para comprobar si tiene derecho a indemnización.
Esta situación evidencia que la moratoria ha afectado más a Gran Canaria que a Tenerife, ya que esta isla ha desarrollado en los últimos años proyectos de hoteles de cinco estrellas que obtuvieron licencia antes de entrar en vigor las Directrices, mientras que en Gran Canaria fueron menos los proyectos que se pudieron salvar con la paralización.