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RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las 53 reclamaciones indemnizatorias presentadas por los empresarios al amparo de la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo superan los 1.000 millones de euros, ya que a los 800 millones que se solicitan sólo en Gran Canaria hay que añadir al menos dos reclamaciones en Fuerteventura -divididas en varias parcelas- y tres en Tenerife.
El municipio más afectado es Mogán porque fueron varios los proyectos turísticos en ciernes que quedaron paralizados con la primera moratoria de 2001 y cuyos suelos quedaron clasificados o con derechos urbanísticos consolidados.
Los terrenos afectados por la moratoria en Gran Canaria se localizan fundamentalmente en el corredor que va desde la zona de Meloneras hasta Taurito. Los proyectos paralizados suman más de 4.000 hectáreas, muchas de ellas en barrancos de Mogán como Tauro, Medio Almud, Los Frailes, Balito o el Lechugal. Antes de ellos figuran varias reclamaciones en varias parcelas de Meloneras, Montaña La Arena y Pasito Blanco. Las empresas reclamantes se han acogido al artículo 17 de la actual ley pese a que algunas de estas parcelas se encuentran en litigio judicial.
En Fuerteventura, las solicitudes de indemnización se concentran sobre todo en Jandía, mientras que también figuran algunas en la zona turística del municipio de Antigua. Entre todas suman más de 120 millones de euros en reclamaciones.
Las indemnizaciones que se han presentado por empresarios de Tenerife son sólo tres, con proyectos concretos en Arona, Adeje y Guía de Isora. En Tenerife apenas ha repercutido negativamente la moratoria debido a que la planta hotelera es más amplia que en Gran Canaria y hay más camas de cinco estrellas que en la isla redonda. Antes de que se promulgara la primera moratoria en 2001 los ayuntamientos turísticos del sur de Tenerife dieron licencias a varios hoteles de cinco estrellas y alta calidad que hoy en día son una realidad, con lo que la isla necesita más la rehabilitación que la construcción de nuevas camas.
Mientras Tenerife ha cumplido la mayoría de sus deberes en el planeamiento, Gran Canaria se ha quedado atrás, lo que ha repercutido negativamente en la ordenación del suelo turístico y ha provocado más solicitudes de indemnizaciones. El Cabildo de Tenerife aprobó su plan territorial turístico hace cuatro años, mientras que el plan insular está a punto de adaptarse a las Directrices y los planes generales de los ayuntamientos están aprobados o muy avanzados. En Gran Canaria está todo aún abierto y sin aprobar, lo que ha provocado más inseguridad para los empresarios, que han echado mano de los tribunales y las reclamaciones para hacer valer sus derechos.
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