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Un diputado del PP se niega a apoyarla

El Pacto endurece la Ley de Comercio

CC y populares sacan adelante la norma con el rechazo frontal de la oposición socialista

 22:44  
El diputado popular Pérez-Camacho sentado en su escaño del Parlamento, el pasado miércoles. ACFI
El diputado popular Pérez-Camacho sentado en su escaño del Parlamento, el pasado miércoles. ACFI  

SALVADOR LACHICA
El Parlamento aprobó ayer la nueva Ley de Licencia Comercial que mantiene e incluso endurece (sobre el proyecto de ley) las restricciones a la instalación de nuevas superficies comerciales atendiendo a criterios de territorialidad y medio ambiente. Significativamente, un diputado del PP (su portavoz, Pérez-Camacho), muy crítico con la ley, se ausentó del Pleno. Los socialistas rechazan frontalmente la norma.


CC y PP acabaron por endurecer la ley a través de una enmienda in voce al incorporar los límites de estas grandes superficies para poder instalarse en las islas de Lanzarote y Fuerteventura con el fin de que todo equipamiento comercial que supere los 3.300 metros cuadrados, en el primer caso, y 2.500 metros cuadrados, en el segundo deba solicitar una licencia comercial.


En el resto de las islas se mantuvieron las modificaciones introducidas en las enmiendas durante el trámite de ponencia y en Gran Canaria y Tenerife queda establecido el límite en 5.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados para La Palma y 1.000 metros cuadrados para La Gomera y El Hierro.


La ley salió adelante con la significativa ausencia del salón de plenos del portavoz del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que se ha caracterizado por advertir reiteradamente que el texto legal era "un churro" que puede provocar que el Ejecutivo deba pagar nuevas indemnizaciones.


Este argumento también fue esgrimido por el portavoz socialista, Santiago Pérez, al defender las enmiendas del PSC al texto y que no fueron admitidas por CC y PP. Así, insistió en que "no puede dar una licencia la consejería competente en comercio cuando las restricciones son meramente territoriales y medioambientales". CC (Belén Allende) y PP (Miguel Jorge) insistieron en la legalidad de la norma y rechazaron (como pedía el PSC) que se concediera a los cabildos la facultad de otorgar las licencias comerciales.

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