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A. ZABALETA
El Gobierno de Canarias cree que la reciente anulación de la moratoria turística de Lanzarote por parte del Tribunal Supremo permitirá regularizarse a una buena parte de los 22 hoteles que fueron declarados ilegales en el municipio de Yaiza como consecuencia de la aplicación de esta normativa del año 2000, elaborada por el Cabildo de esa isla. Así lo explicó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, que señaló que ahora habrá que retrotraer cada expediente al momento en el que fue anulado, pero teniendo en cuenta que esa norma de moratoria no tiene vigencia, para dilucidar su posible legalidad.
El consejero de Ordenación Territorial señaló que casi todas esas edificaciones ilegales fueron construidas antes de que entrara en vigor la posterior moratoria de carácter regional, aprobada en 2003, por lo que en principio podrían aspirar a su regularización, pues no pesaría ninguna prohibición sobre ellas.
Además, frente al argumento que señala que muchas de estos complejos también podrían incumplir disposiciones del PIOT lanzaroteño de 1991, lo que les impediría legalizarse, Berriel se mostró partidario de revisar expediente por expediente, pero en todo caso cree que esos escollos pueden ser subsanables sin que supongan la inviabilidad de los hoteles, mientras que la moratoria sí impedía la construcción de los edificios turísticos en la isla lanzaroteña.
El Gobierno de Canarias coincide en sus tesis sobre la anulación de la moratoria con las del Ayuntamiento de Yaiza, expuestas el pasado jueves por el alcalde de este municipio, Ángel Ramírez, que entendía que la sentencia del Tribunal Supremo que invalida la planificación urbanística dictada en 2000 puede tener efectos inmediatos sobre parte de los hoteles que fueron ilegalizados por contravenir esta norma. Ramírez prefirió ser cauto respecto a los argumentos jurídicos, pues sus servicios jurídicos no habían estudiado a fondo la resolución judicial, pero recordó la importancia que tiene el sector turístico para su municipio.
Estas tesis se ven ahora reforzadas por las expuestas por Domingo Berriel, que abren aún más el debate jurídico sobre unos hoteles que han estado rodeados de controversia.
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