JOAQUÍN ANASTASIO
El aeropuerto de Gran Canaria es por el momento el único de los aeródromos canarios que el Ministerio de Fomento contempla incluir en el grupo que se abrirá a la participación de las comunidades autónomas y de otras entidades públicas en su gestión. Sería, junto a los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, uno de los cinco sobre los que el nuevo modelo aeroportuario español pretende crear sociedades mercantiles cuya gestión se desgajaría del sistema central por su "viabilidad económica". Los de Tenerife Sur y Alicante serían los otros dos con alguna posibilidad de integrarse en este grupo de "aeropuertos singulares" pero sobre los que, en principio, el Ministerio quiere mantener aún el control absoluto de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
Éstos son algunos de los datos que parecen irse confirmando a pocos días de que el ministro de Fomento, José Blanco, presente en el Consejo de Ministros el nuevo modelo y empiece a negociar posteriormente con las entidades implicadas, principalmente las comunidades autónomas. Por el momento, el Ministerio sólo ha abierto esa negociación con Cataluña para propiciar la entrada de la Generalitat en la gestión de El Prat en virtud del cumplimiento del Estatuto, pero según el propio Blanco esa sería la base para la participación de las comunidades y otras entidades (ayuntamientos, cabildos, consejos insulares, cámaras de comercio y capital privado) en aquellos aeropuertos sujetos a este modelo.
Blanco insistió el pasado martes en Barcelona en que aún se está acabando de concretar qué tipo de decisiones podrá tomar esa sociedad en cada uno de los casos y por tanto el papel final que jugará la propia AENA en su gestión. Aseguró que al consejo de administración se incorporarán personas propuestas por las entidades públicas regionales y locales y que estas tendrán un "peso determinante en la gestión y toma de decisiones", pero dejó en el aire la capacidad de veto en las líneas estratégicas fundamentales de cada aeropuerto. El Ministerio no esconde su apuesta por mantener el mayor control posible para el organismo autónomo, que sufrirá también cambios sustanciales en su estructura y funcionamiento.