´La Justicia en España es manifiestamente mejorable´

PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Se ha ganado el privilegio de formar parte del Consejo Fiscal a pulso, después de que la carrera decidiera que seis miembros de la asociación que presidía hasta ahora, la Asociación de Fiscales, formen parte del futuro consejo, de un total de nueve electos. Un premio a su compromiso con una Fiscalía moderna.

- Y ahora vocal del Consejo Fiscal... ¿cómo se lleva?
- (Risas). Se lleva bien. Con satisfacción, con mucho agradecimiento a los compañeros que me han apoyado y entendiéndolo como una nueva forma de asumir otra responsabilidad y otro compromiso con la carrera.

- Da la sensación que su carrera profesional no tiene techo y marcha a gran ritmo.
- Lo que creo es que nadie podrá decir que no trabajo. Es cierto que hay cosas que han llegado bastante seguidas en el tiempo, pero si no pudiera asumir este nuevo compromiso no me lo habría planteado. En este momento yo soy fiscal jefe de la Provincia de Las Palmas y esa es mi responsabilidad principal. Ahora también formaré parte del Consejo Fiscal y creo que son dos actividades completamente compatibles. Y para optar al Consejo Fiscal he dejado la presidencia de la Asociación de Fiscales. Sigo caminando y asumiendo nuevos retos.

- A efectos prácticos, ¿qué significa tener un canario en el Consejo Fiscal?
- Supone tener a alguien allí que conoce la realidad, y que en un momento determinado pueda dar una opinión fundada de lo que es la situación del Ministerio Fiscal en Canarias. Pero no se trata de tener una cuota canaria en el Consejo, de lo que se trata es de defender los intereses comunes de la carrera.

- ¿Qué diferencias hay entre el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial?
- Muchas. El CGPJ es un órgano de gobierno de un poder del Estado; el Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento de una institución del Estado que es el Fiscal General. En segundo lugar está la composición: la del Consejo Fiscal es una composición corporativa en el sentido positivo del corporativismo, un órgano establecido en su mayor parte de entre y por los miembros de la carrera fiscal, algo que no ocurre con el CGPJ.

- ¿Y no están muy limitados en materia de competencias?
- Son las que dispone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que yo resumo en tres bloques: Informes en materia de nombramientos (no vinculantes), informes en proyectos legislativos y defensa de derechos e intereses de fiscales. Y conectado con esto último, la posibilidad de formar criterio en materia de organización y unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Son facetas, sobre todo estas últimas, en las que a mí me parece que queda mucho por hacer.

- ¿De qué salud goza el Ministerio Fiscal en España?
- De cara a los ciudadanos, creo que la labor diaria de los fiscales está bien valorada. Desde el punto de vista institucional, creo que hay determinadas líneas de actuación del Fiscal General del Estado que han generado una controversia a mi juicio totalmente innecesaria, y que en algún aspecto concreto han suscitado dudas sobre la imparcialidad, lo que ha generado críticas de las asociaciones.

- ¿Por ejemplo?
- Por ejemplo en política de nombramientos, no por las personas en sí sino por los criterios que se han seguido. O en actuaciones muy puntuales en procedimientos muy concretos relacionados con la lucha antiterrorista. Eso hace que, de cara a la percepción del ciudadano, se pueda pensar que la cúpula de la institución atiende a criterios que no sean estrictamente jurídicos. Aunque no sea cierto, el mero hecho de que exista la sospecha es negativo. Luego se ha producido también en los últimos tiempos una pequeña revolución organizativa que tiene aspectos positivos y otros no tanto. Entre los positivos está que ha habido una profundización en estructura organizativa, y luego el tema de la especialización, que está siendo muy positivo en el día a día. El aspecto no tan positivo es que eso genera problemas de engranaje, problemas organizativos, de relaciones entre el fiscal de a pie y el fiscal delegado de cada sección, el fiscal de sala, etc. Eso hay que perfilarlo mejor y para eso es fundamental el reglamento. El Ministerio Fiscal se rige hoy en día por un reglamento del año 1969. Será necesario clarificar muchos aspectos.

- La carrera judicial vive en estos momentos una etapa de crisis de cara a la percepción que el ciudadano tiene de los jueces. ¿Y la carrera fiscal?
- Me cuesta hacer análisis por cuerpos. Lo que hay que plantearse es cómo funciona la Administración de Justicia en este país, y en ese sentido todos somos corresponsables de lo bueno y de lo malo. En general, la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable.

- ¿Y en cuanto a las asociaciones de fiscales existe crisis?
- Me remito a los resultados de las elecciones al Consejo Fiscal, que es un buen termómetro. Ha votado el setenta por ciento de la carrera, y eso es importante, al margen de la satisfacción que tenemos por los resultados de la Asociación de Fiscales (AF). En general, lo que se observa es un respaldo al movimiento asociativo. Por ello debo entender que no hay crisis.

- ¿Fiscal instructor sí o fiscal instructor no?
- Me remito a las conclusiones de la AF de nuestro congreso de Toledo: Sí, pero no a cualquier precio. Debemos entrar en este debate pero tenemos que asumir un modelo nuevo y distinto.

- ¿Le cabrea a la AF que se le relacione con la derecha?
- No me cabrea, me entristece. Me entristece que en este país se utilicen tanto las etiquetas y no se atienda a lo labor que se hace, y sí a lo que otros dicen que haces.

- En Canarias se han vivido últimamente críticas del Poder Político al Judicial y viceversa. ¿Qué opina?
- Me remito a lo dicho por el Fiscal Superior en su último discurso. La crítica es legítima pero no puede poner en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones.

- ¿Se llegaron a traspasar algunos límites en Canarias?
- Sí.