La llegada de inmigrantes irregulares a las Islas ha caído durante 2009 hasta alcanzar niveles propios de hace diez años, antes de que el fenómeno alcanzara las proporciones que a mediados de esta década lo convirtió en una preocupación preferente en la agenda de las administraciones regional, española y europea. Entre enero y diciembre de este año llegaron a las islas 2.242 sin papeles, 6.824 menos que en 2008, cuando se registró la entrada de 9.066 personas.
Así, el número de inmigrantes ilegales que llegan a las Islas se reduce a una cuarta parte en apenas un año, reafirmándose la tendencia a la baja constatada desde 2006, verdadero año horrible en cuanto a este fenómeno, cuando alcanzaron el Archipiélago 31.859 personas. Para encontrar números similares hay que retrotraerse hasta 1999, cuando llegaron a las Islas 2.165 personas de forma irregular.
A estos números coadyuvan distintas circunstancias. El Gobierno central, a través del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viene poniendo en valor, para explicar este descenso, los convenios firmados por su Ejecutivo con los países de origen de los distintos inmigrantes, así como el funcionamiento del Frontex (Agencia Europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea), con mayor vigilancia en el Atlántico, fruto de la cooperación de siete países.
En el caso de la cooperación de países de origen hay que tener especialmente en cuenta el caso de Marruecos, por cuanto este país esgrimió su condición de tapón de la inmigración irregular en medio de la crisis de Aminatu Haidar y amenazó con relajar su vigilancia como medida de presión.
La caída es igualmente significativa en los adultos que en los menores irregulares, pues si el año pasado llegaban al Archipiélago 766 menores, este año lo hicieron 201. Hay que tener en cuenta que la gestión de la inmigración de este colectivo es especialmente complicada, por cuanto deben permanecer en un centro hasta que cumplan los 18 años. Canarias viene reclamando la solidaridad de otras comunidades autónomas, pues hace dos o tres años el número de menores superaba la capacidad de las instalaciones habilitadas en las Islas para acoger a estas personas. La nueva Ley de Extranjería pone fin a esta situación, transfiriendo la custodia al Estado.
El número de embarcaciones en las que llegan estas personas también ha caído hasta 44, cuando en 2008 arribaban al Archipiélago. En 1998 eran 67, pero en aquella época se utilizaba preferentemente la patera, con menos capacidad y dirigida a trayectos más cortos.
