El fenómeno de la inmigración irregular ha sido uno de los asuntos recurrentes que España ha planteado durante todas las presidencias rotatorias de la UE en los últimos años. Tras lograr incluirlo en la agenda tras la crisis de los cayucos de 2006, España asume ahora su cuarta presidencia justamente cuando esta cuestión parece haber dado una tregua tras reducirse el número de inmigrantes irregulares llegados a España por vía marítima a las cifras de hace una década. Con todo, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiere aprovechar el semestre para acabar de cerrar el círculo de la política comunitaria en materia de inmigración y reforzar las relaciones con los países de origen, fundamentalmente los del África subsahariana.
Además, el programa aprobado durante la presidencia sueca (Programa de Estocolmo sobre Libertad, Seguridad y Justicia) incluye por primera vez un mandato para abordar el problema de los menores inmigrantes, para los que se requiere "especial atención y respuestas concretas" y que apuesta por el "retorno asistido" a sus países de origen.
El Gobierno español reconoce la "sensibilidad" expresada por la presidencia sueca, pero insiste en que "ahora hay que pasar de la sensibilidad, a la operatividad", y asegura que "en estos seis meses habrá avances sobre el asunto de los menores", una problemática que ha recibido un impulso después de la reforma de la Ley de Extranjería.
