Dos meses exactos se cumplieron ayer desde que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó la última resolución del caso Tebeto. En ella se aceptaba la petición del Gobierno de Canarias de fraccionar el pago de los 101 millones de euros a los que fue condenado, a cambio de que el empresario propietario de Canteras de Cabo Verde, Rafael Bittini, modificara los términos del aval bancario pertinente para proceder al cobro de la indemnización. Dos meses después, en el TSJC no existe rastro alguno de que el empresario haya logrado modificar las condiciones que en su día le aceptó el Lloyds Bank con sede en Ginebra (Suiza).

Han sido sesenta días sin noticias de Tebeto después de un otoño desbordado por ríos de tinta. En el último auto que se dictó, de fecha 11 de noviembre de 2009 y del que fue ponente el magistrado Francisco José Gómez Cáceres, se condicionaba "el ingreso que la Administración está obligada a efectuar en la cuenta de consignaciones de esta Sala a la modificación del texto del aval". Concretamente, pedía el TSJC que el documento "explicara con claridad, como mínimo, que la efectividad del tal garantía tendrá lugar el preciso instante en que la Administración ingrese en la cuenta antes citada el importe correspondiente al primero de los pagos". Sin embargo, lo que en principio parecía un mero trámite dentro del camino empedrado del caso Tebeto, no se ha resuelto dos meses después.

Bittini podría haber cobrado ya los primeros diez millones de euros del total de la indemnización a la que fue condenado el Gobierno de Canarias. En el auto de fraccionamiento del pago, se establecía como fecha límite para abonar esa cantidad de dinero el 31 de diciembre de 2009, y en los tres meses siguientes, los 23,7 millones de euros que completaría en el primero de los tres pagos del fraccionamiento. El calendario de pagos recogía que el 30 de septiembre de 2010 el Gobierno tendría que abonar otro pago de 33,7 millones e igual cantidad un año después, el 30 de septiembre de 2011. Pero todo ello quedaba supeditado a la modificación del texto del aval aceptado por una sucursal de Ginebra del Lloyds Bank, algo que por el momento no se ha producido.