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Los renglones torcidos del Poder Judicial

Martín y el ´strip-tease´ de la justicia

El 'caso José Antonio Martín' ha dejado durante cuatro años un reguero de prendas desperdigadas por el suelo de la judicatura

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José Antonio Martín, durante la vista oral de su juicio, se sentó en el estrado por su condición de abogado y no en el banquillo de los acusados.
José Antonio Martín, durante la vista oral de su juicio, se sentó en el estrado por su condición de abogado y no en el banquillo de los acusados.  QUESADA

PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Confianza y seguridad. Dile que explique la procedencia del dinero. Que lo explique clarito y sencillo, sin enrollarse. Y que está dispuesto a prestar una fianza. La cantidad que se le diga". El 28 de julio de 2005, el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, llamó a su amigo Wilebaldo Luis Yanes para que trasladara el anterior mensaje a Julio Bornia, hermano de uno de los narcotraficantes más importantes de Europa. Al día siguiente, una Sala presidida por Martín celebraba una vista oral para decidir sobre la libertad provisional del narco y el magistrado trató de convencer a sus compañeros y al fiscal Antidroga de la conveniencia de ponerlo en libertad, "aunque sea con una fianza de 200 millones". No lo consiguió, pero se inició así el mayor strip-tease que ha vivido la Justicia en Canarias.

Revelaciones ultrasecretas, conductas, actitudes y actuaciones conviven en el sumario de tal forma que nunca antes se había visto cómo la Justicia, con sus virtudes y sus miserias, se desnudaba ante la opinión pública de manera tan meridianamente clara.

La sentencia (pendiente de que se vea reflejada negro sobre blanco) del Tribunal Supremo que absuelve al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas del delito de negociaciones prohibidas a funcionario público del que se le acusaba por sus relaciones con la familia del narcotraficante, puede parecer sorprendente para la opinión pública, pero jamás inesperada para quien haya seguido el caso con un mínimo de atención. El sumario está lleno de claves, de intrigas y de actuaciones que, vistas en su conjunto, alertaban a no descartar la absolución del juez. Aun a costa de dejar a uno de los poderes del Estado en paños menores.

"Entiendo que con este fallo pueda parecer que el Código Penal camina por una calle diferente a la coherencia", explicaba esta semana un magistrado canario tras conocerse el fallo. Efectivamente, el resultado de la absolución no parece concordar con la relación de hechos probados del caso. Ni con otros hechos que no se pudieron probar pero que se ocultan bajo alfombra del sumario, ajeno a la opinión pública.

La depurada técnica jurídica del ahora magistrado de la Sala de lo Contencioso, Javier Varona, fue la que abrió los ojos al común de los mortales de que la actuación de Martín podría ser motivo de todo tipo de censura pública, pero tal vez no de un delito de negociaciones prohibidas a funcionario.

La Fiscalía no piensa lo mismo. Una acusación pública que asumió desde el primer día el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, se convirtió en un elemento fundamental para que José Antonio Martín se sentara en el banquillo de los acusados y respondiera por sus hechos. Eso sí, después de que no se encontraran pruebas suficientes para acusar al magistrado de cohecho a pesar de que la instrucción destapó movimientos de cuentas y pertenencias a empresas de asesoría legal familiares poco normales para un juez. En la vista oral, en una brillante exposición final, Vicente Garrido dijo lo siguiente: "Su imparcialidad (la de Martín) quedó tan viciada que por primera vez solicitó una libertad bajo fianza para un narcotraficante, algo que no había hecho nunca".

Efectivamente. Con independencia de que ahora Martín haya sido absuelto por el Tribunal Supremo, el magistrado actuó en la causa contra Rafael Bornia como no había hecho antes, es decir, intentó convencer a sus compañeros de Sala de la conveniencia de poner al acusado en libertad, "aunque sea con una fianza de doscientos millones".

Antes también había tratado de convencer sin éxito al fiscal antidroga, Javier García Cabañas, de que solicitara una fianza para su puesta en libertad. Pero Martín no sabía que García Cabañas estaba al tanto de las relaciones que mantenía con la familia del narco: "El magistrado de Instrucción 7 [Miguel Ángel Parramón] me informó de que existía una investigación por determinados delitos en la que aparecía el presidente de la Audiencia", dijo Cabañas durante el juicio. Otra prenda de ropa lanzada al viento por la Justicia, para sorpresa de los ciudadanos que presenciaban la vista oral. Entre ellos varios fiscales.

Vicente Garrido concluyó su alegato final en la Sala de la siguiente manera: "¿Es común que el hermano de un narcotraficante cene con un magistrado? ¿Es común que se presente en casa del magistrado con unos documentos? Se trata de una conducta que excede mucho de lo que es una buena conducta social".

Garrido trataba de frenar el desnudo integral al que estaba siendo sometida la Justicia cuando la opinión pública tuvo conocimiento de la manera de actuar del juez. La credibilidad, por los suelos; y la ética y la moral, en paradero desconocido. La investigación duró casi tres años, mientras el Consejo General del Poder Judicial apartó cautelarmente al magistrado de sus funciones.

Comenzó entonces una exhaustiva investigación patrimonial que puso sobre la mesa de la magistrada instructora, Carla Bellini, circunstancias del todo impensables en la conducta de un juez. Por ejemplo, que figuraba en al menos setenta y dos cuentas corrientes y que aparecía como accionista en diferentes empresas familiares que tenían como objeto social el asesoramiento legal, algo que prohíbe el CGPJ a un juez.

En el dictamen en el que pide la apertura de juicio oral para José Antonio Martín, el fiscal superior Vicente Garrido escribe acerca de este punto que "todo hace pensar que las facturas giradas por la empresa Aretusa y satisfechas por Wilebaldo Luis Yanes tienen un origen diferente a su aparente contenido, sin que en la investigación llevada a cabo por la magistrada instructora de la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias se pueda vincular con personas concretas". Quedaba la sospecha, pero el delito de cohecho se iba al suelo por falta de pruebas. Aunque la actuación de un juez, tan secreta para el común de los mortales, continuaba con su ya imparable desprendimiento de ropa mientras todo un presidente de la Audiencia Provincial guardaba un ensordecedor silencio.

El juicio al magistrado, en marzo del pasado año, fue muy seguido en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia. Martín hizo valer su condición de abogado para sentarse en el estrado y no en el banquillo de los acusados, en contra del criterio del fiscal superior. Su estrategia de defensa, llevada a cabo por el abogado madrileño Nicolás González Cuéllar (el mismo que ha defendido al líder del PP José Manuel Soria en el 'caso del Salmón') se basó en el silencio del magistrado y en pedir la nulidad de casi todas las actuaciones relevantes, como escuchas telefónicas, vulneración de derechos fundamentales, etc. Y la Sala lo condenó a un año y medio de inhabilitación, aunque con una peculiaridad: el fallo contó con un voto particular del magistrado Javier Varona que entendía que la conducta de Martín no encajaba en el tipo penal de negociaciones prohibidas a funcionario público. ¡Bingo! Nadie antes había llegado a esa conclusión técnica que ahora es aceptada por el Supremo para dictar la resolución.

A Martín sólo se le escuchó hablar en el momento final del juicio, cuando la Sala le otorgó el derecho a la última palabra. En un alegato de un par de minutos, visiblemente emocionado, el magistrado aseguró que "sin necesidad de invocar a algo en lo que no todo el mundo tiene por qué creer, estamos ante la necesidad de que se haga Justicia y se limpie mi nombre y el de mi familia". Queda por ver si la sentencia del TS realmente tiene efectos purificantes sobre la actuación de un magistrado, o si por el contrario no hace sino contribuir al despelote definitivo de la Justicia.

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