RUBÉN ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Gobierno canario deberá pagar una media de 3.000 euros al año por cada trabajador que las empresas contraten por un año para sufragar la cuota de la Seguridad Social y así poder cumplir el compromiso del presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, de crear hasta 80.000 nuevos empleos en los próximos 18 meses. El Gabinete autonómico cuenta con los 140 millones que recibirá este año y el próximo por parte del Estado a través de la retención del antiguo ITE, con el fin de disponer de 80 millones para convenios con las corporaciones locales y 60 millones para subvencionar la Seguridad Social a las empresas.
Según los cálculos que maneja el Gobierno, la cuota media por trabajador contratado sería de 300 euros mensuales y con los fondos de los que dispone se podrían contratar a 10.000 personas en el segundo semestre de este año y otras 10.000 en el primer semestre de 2011. De los 70 millones correspondientes a este año 30 millones estarían destinados a esta medida y otros 30 para el próximo año. Los 40 millones restantes de cada año se destinarían a los convenios comprometidos también por el Ejecutivo para que las corporaciones locales - cabildos y ayuntamientos- contraten personal para obras y otro tipo de actuaciones para crear un total de 60.000 puestos de trabajo.
Aunque el compromiso de Rivero se ha lanzado desde principios de año, éste empezará a causar efecto real a partir del segundo semestre. Con respecto a la subvención de la Seguridad Social, ya Paulino Rivero solicitó al vicepresidente Manuel Chaves su mediación para alcanzar un convenio con la Tesorería de la Seguridad Social que regule la entrega de la cuota de cada trabajador directamente por la Comunidad Autónoma al organismo gestor sin tener que pasar por las empresas que contraten nuevos trabajadores.
Una de las condiciones puestas por el Gobierno a las empresas para que se puedan acoger a la subvención de las cuotas de la Seguridad Social es que se comprometan a mantener las plantillas actuales y que realicen contratos nuevos. Asimismo, el Ejecutivo tendrá que negociar con cabildos y ayuntamientos la disposición de los 60 millones que quiere destinar a esta medida porque son fondos que el Gobierno central ha cedido a la Comunidad Autónoma con ciertas condiciones.