Las ayudas al alquiler que ofrecen a los jóvenes el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Canarias se han convertido en un tortuoso camino para muchos de ellos ya que son más las solicitudes que se han rechazado o que, aún aprobadas, no han recibido la subvención que aquellos finalmente beneficiados por la misma. Cerca de 2.500 jóvenes canarios tienen sus peticiones de ayuda aprobadas hace más de un año pero todavía no han recibido el dinero y a más de 5.000 se les han rechazado sus solicitudes por diferentes motivos de las 14.900 registradas. Canarias se encuentra entre las cinco autonomías que acumulan más retrasos a la hora de tramitar las ayudas, lo que supone que haya jóvenes que llevan más de un año esperando las resoluciones.

En 2008 el Ministerio de Vivienda puso en marcha la renta básica de emancipación, una ayuda de 210 euros mensuales para apoyar a los jóvenes en el pago de la renta del alquiler. Como otras iniciativas de la Administración central, ésta pone los fondos pero son las comunidades autónomas las que se encargan de la tramitación. En Canarias, la iniciativa del Ejecutivo central fue respondida por el Gobierno regional con la reactivación de sus líneas de ayuda al alquiler, creando una específica para los jóvenes con el argumento de que ambas subvenciones eran compatibles si el demandante reunía los requisitos. Después de dos años de vigencia, un total de 5.707 jóvenes isleños han recibido la renta básica de emancipación, mientras que la ayuda del Ejecutivo autonómico ha favorecido a más de 3.000, si bien la Comunidad Autónoma no ha facilitado aún los datos oficiales al cierre de 2009.

Según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda, de los 5.707 jóvenes que han recibido la ayuda al alquiler, 3.287 son féminas y 2.420 son hombres. Por provincias, la provincia de Las Palmas cuenta con 3.294 ayudas, mientras que en Santa Cruz de Tenerife son 2.413 los jóvenes beneficiados. A la luz de los datos, son más las solicitudes que se quedan por el camino o que se retrasan en el trámite que aquellas que llegan hasta el final y ven aliviada su renta del alquiler con el apoyo de la Administración.

PLAZOS. El decreto que regula la renta básica de emancipación (RBE) marca a las comunidades autónomas un límite de 60 días para aprobar o denegar la solicitud presentada. Este plazo lo incumplen la mayoría de las autonomías aunque son Madrid, Canarias, Galicia y Andalucía las más lentas, con un tiempo medio de entre cuatro y cinco meses entre la presentación de la petición hasta que llega al Ministerio para su visto bueno final. Sin embargo, hay casos de jóvenes que llevan esperando más de un año por la resolución y no han obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica.