Canarias reiteró ayer su total apoyo al pacto de Estado en materia de educación así como su respaldo al documento que presentó el ministro, Ángel Gabilondo, a las Comunidades Autónomas conteniendo 137 propuestas, que conllevaría la modificación de hasta 21 artículos de la actual ley educativa (LOE). Con todo, la consejera canaria de Educación, Milagros Luis Brito, reclamó que se incluya una memoria económica. Las comunidades gobernadas por el PP consideraron que el documento no contiene aún las "reformas de calado" del sistema educadito español y condicionaron su firma a la inclusión de diez medidas. Los socialistas han dado ya el sí.

La consejera canaria recalcó que "ahora se abre el documento al resto de sectores sociales, seguimos trabajando y Canarias va a trabajar con el resto de agentes sociales, económicos y políticos y con la comunidad educativa para profundizar en este documento". Luis Brito apoya medidas como que las reformas educativas requieran el apoyo de dos tercios del Parlamento así como las propuestas que flexibilizan el sistema y refuerzan la Formación Profesional. La consejera considera estas materias "vitales" para mejorar la calidad de la enseñanza. Entre algunas de las medidas incluidas en el documento, destacan la que convierte 4º de la ESO en un curso orientativo entre el Bachillerato y la FP o fomentar la formación de los alumnos hasta los 18 años.

Milagros Luis resaltó que para Canarias es "muy importante" que se establezcan los mecanismos financieros del pacto. La consejera evitó criticar directamente al PP por su negativa a firmar el pacto, pero deslizó una desaprobación a la estrategia de las comunidades gobernadas por este partido: "Un pacto no es un programa político ni la oferta electoral con la que uno se ha presentado a las elecciones, sino un acuerdo para mejorar la educación por responsabilidad. Yo no estoy fijando una posición de partido. Yo me siento aquí como consejera de Canarias, con el apoyo de la comunidad educativa canaria y del Parlamento de Canarias, y no me coloco el gorro de mi partido". El PP sostiene que no se recogen explícitamente la libertad de elección de centro ni se garantiza el derecho a estudiar castellano en todo el territorio nacional.