El Consejo General del Poder Judicial está en llamas y Canarias huele el humo. Después de una semana convulsa en el órgano de gobierno de los jueces, con la dimisión de uno de los vocales de la comisión de calificación, tres altos cargos de la Justicia en Canarias se renuevan en los próximos meses. Entre ellos el del presidente del TSJC.

Arde el Poder Judicial. La dimisión esta semana de un vocal de la comisión de calificación en el órgano de gobierno de los jueces ha sembrado el pánico en todos aquellos órganos que tienen pendiente alguna renovación. Y en Canarias hay tres plazas que salen a concurso en los próximos meses; justo cuando más latente es la sensación de que los nombramientos de altos cargos judiciales son más políticos que por mérito y capacidad.

Las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de Lo Social del TSJC en Las Palmas abren paso en mayo al nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Posiblemente ocurra en el peor momento que vive el Consejo General del Poder Judicial en toda su historia en materia de nombramientos.

"No hay igualdad de oportunidades en los nombramientos judiciales". La palabras de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que ha dimitido de la comisión de calificación y que fue propuesto por el PSOE, han llevado al Consejo a una crisis sin precedentes, aunque esperada. "Ya era hora de que pasara esto", afirma Elena Corral, magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, miembro de Foro Judicial Independiente, ex de Jueces para la Democracia y coredactora de un durísimo manifiesto elaborado hace un mes, firmado por más de mil jueces españoles y que censura con dureza la politización que vive la Justicia en España en estos momentos.

El vocal dimisionario denuncia un "pasteleo" de tal tipo en los nombramientos de altos cargos de la Justicia, que al fin y al cabo son dos asociaciones, (Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura) las que se reparten las plazas con "un total ninguneo" a los jueces no asociados, que representan la mitad de la carrera judicial. Encima, se hizo público un comunicado interno de Jueces para la Democracia, en el que su vocal en el CGPJ, Margarita Robles, presumía de los cargos de la asociación que había logrado colocar.

La queja y posterior dimisión del vocal de la comisión de calificación (que es la encargada de proponer al pleno del CGPJ los nombramientos, está basada en datos objetivos: en los 18 meses que lleva activo el actual Consejo, el 45 por ciento de los nombramientos de altos cargos ha ido a parar a la APM, el 30 por ciento a JpD, el 8,3 para Francisco de Vitoria y el 16,6 ha ido a parar a manos de los no asociados. Ello, a pesar de que los jueces que no pertenecen a ningún colectivo representan el 46 por ciento de la carrera, la APM el 28 por ciento y JpD sólo el once.

Con este panorama, al que hay que añadir que hace un mes quedaron vacantes las renovaciones de tres plazas de las presidencias de los Tribunales Superiores de Valencia, Cataluña y País Vasco por falta de acuerdo entre los vocales del Consejo, Canarias afronta la renovación de buena parte de la cúpula judicial en los próximos meses.

CASTRO FELICIANO. La plaza de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que actualmente ocupa Antonio Castro Feliciano se renueva en junio. Y se verá inmersa de lleno en el mercadeo de cargos entre las asociaciones. Miembro de Jueces para la Democracia, Castro Feliciano se quedaría tranquilo de confirmarse los rumores de que, es posible, que se presente en solitario a renovar su cargo hasta que dos años y medio después se jubile.

Dos nombres podrían disputarle la plaza a Castro Feliciano con ciertas garantías: Humberto Guadalupe, también de JpD y presidente de la Sala de lo Social de Las Palmas, y José Ramón Navarro, de Francisco de Vitoria y presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pero es muy probable que ambos se aparten de ese camino, al menos hasta que Castro Feliciano cumpla los 70 años y abandone la carrera, en 2012.

Además, Humberto Guadalupe es el máximo aspirante a renovar su plaza de presidente de la Sala de lo Social, que sale a concurso justo antes que la del presidente del TSJC, en mayo. Guadalupe es un magistrado de sobrada experiencia en la jurisdicción social y con apoyos de cierto rango para renovar su cargo. Aunque en momentos como este, en los que un incendio arrasa el CGPJ, todo es posible.