Las familias denuncian que el Gobierno ´roza lo delictivo´

R. ACOSTA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA "Lo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Ley de Dependencia roza lo delictivo". Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de Personas con Movilidad Reducida de Canarias, critica con dureza al Ejecutivo regional por insistir en su estrategia de mezclar los datos de los dependientes que están siendo atendidos por los planes sectoriales desde los años 80 y los que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007. Rivero acusa al Ejecutivo autonómico de "no hacer sus deberes", de utilizar las estadísticas de discapacitados de hace diez años y de poner "zancadillas" a la norma por su "incapacidad" para tramitarla con eficacia.

La portavoz de la plataforma critica que los partidos políticos se ataquen mutuamente por la aplicación de la Ley de Dependencia y, sin embargo, los partidos de la oposición "no sean capaces de llevar al Gobierno a los tribunales y lo tengan que hacer los familiares de los afectados".

Pero Rivero también critica algunos de los contenidos de la propia ley que, aunque reconoce la atención a la dependencia como un derecho universal, no la pone a la misma altura de derechos básicos como la sanidad y la educación. Por eso, las asociaciones y colectivos de personas con discapacidad esperan que en la reforma de la ley prevista para este año se corrijan aquellas cuestiones que han entorpecido su desarrollo en estos últimos tres años.

Gisela Rivero cuestiona que el Ejecutivo incumpla aspec-tos de la ley como la valora-ción de los ingresos de la unidad familiar y no sólo del dependiente o que la ayuda ten-ga carácter retroactivo desde el momento en que se inicia el procedimiento y no cuando se dictamina la valoración por parte de la Administración. En este sentido, para los colectivos reconocidos por la ley está claro que los familiares tienen derecho a recibir la prestación que se le haya reconocido al dependiente si éste ha fallecido durante la tramitación de la solicitud, extremo que el Gobierno canario "no está reconociendo", asegura Rivero. Asimismo, Gisela Ri-vero dice que el Gobierno se gasta 3.500 euros al mes por cada plaza en una residencia, mientras que la atención en el domicilio supone 1.200 euros, por lo que no se está potenciando la autonomía personal como establece la ley.