El Gobierno estudiará "caso a caso" la situación de los hoteles de Lanzarote cuya licencias fueron anuladas por la Justicia y alentará "el tránsito sosegado a la legalidad" de los mismos, según afirmó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en el pleno del Parlamento. Por este motivo, el Ejecutivo aplicará la 'percha' que supone la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial y del Turismo para legalizar al máximo número de establecimientos posible mediante una nueva licencia que les permita corregir los efectos de la nulidad impuesta por los tribunales.
En respuesta a una pregunta del diputado socialista Manuel Fajardo, Berriel se refirió al artículo 16.d de la ley que regula el otorgamiento de autorizaciones previas siempre que sean solicitadas dentro de los dos años siguientes a la publicación de la norma. Además, las camas deben contar con amparo en el planeamiento urbanístico y territorial y no estar sujetas a moratorias u otras restricciones.
Berriel aseguró que "es intención" del Ejecutivo que la Ley de Medidas Urgentes "despliegue toda su eficacia para conseguir mejorar la cualificación de la oferta" y, por tanto, poder generar empleo.
Para los socialistas, la respuesta de Berriel matiza las declaraciones realizadas recientemente en Lanzarote por el vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, que dio por hecho ante los empresarios de la isla que todos los hoteles iban a ser legalizados y que el Ejecutivo estaba de acuerdo con esta postura. El parlamentario Manuel Fajardo acusó al Gobierno de "lanzar un mensaje de los más alentador para los infractores, pues ya saben que les ha salido rentable incumplir la normativa vigente", y exigió al consejero que respondiera si esa flexibilidad "se va a aplicar al resto de ciudadanos que incumplen las directrices urbanísticas" en sus viviendas particulares.
