El Gobierno ´corta´ las ayudas a familiares con dependientes

ANÍBAL RAMÍREZ
El Gobierno de Canarias cerrará el grifo a las ayudas económicas a familiares que se hacen cargo de personas dependientes. El Ejecutivo entiende que se ha hecho un uso generalizado de esa prestación -por la que reciben entre 300 y 520 euros mensuales- y a partir de ahora las concederá sólo de forma "excepcional", tal como dispone la propia normativa, y remitirá a los solicitantes a residencias y centros especializados.

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, en rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, aclaró ayer que no es una decisión unilateral y anunció la aplicación de esta medida en todo el Estado, tras el acuerdo tomado en el último Comité Territorial de la Dependencia, que reúne a la administración estatal y a comunidades autónomas.

Rojas explicó que este escenario obedece a la "confusión" creada con la puesta en escena de la Ley de Dependencia, en la que la "excepción se publicitó como la norma", lo que llevó a que "la gente creyese que la dependencia es una paga" cuando lo que pretende esta normativa es "disponer servicios de calidad y especializados". De esta forma, y "ante la situación de crisis, se recurre al cuidado de enfermos familiares en contra de la asistencia sanitaria", añadió la responsable autonómica.

El abuso de la denominada prestación económica en el entorno familiar, por la que han optado a su vez las comunidades autónomas, ha provocado entre otras "disfunciones" que las plazas vacantes en residencias en el territorio español asciendan a unas 60.000. La consejera canaria señaló no tener datos en las islas, si bien expuso las quejas de ayuntamientos o que en los centros privados tengan la mitad de las camas vacías. Rojas llamó también la atención sobre que las administraciones deben velar por el servicio que se presta ya que, en casos de alzhéimer u otras enfermedades, el familiar "no tiene la calidad profesional necesaria" ni "los medios de los que dispone un centro".

La consejera de Bienestar Social coincide con Quevedo en que uno de los principales escollos de la ley es la falta de infraestructuras, déficit del que responsabiliza al Estado, "que no construye ningún servicio nuevo" a pesar de destinar para ello 400 millones dentro del PlanE, "de los que a Canarias le correspondieron 12 millones"

El Comité Territorial acordó además que la prestación por dependencia debe acortarse a seis meses el plazo entre el informe de evaluación y la prestación.

En la puesta en marcha de la ley, ese periodo en Canarias alcanzó los 18 meses y ahora se sitúa en el año, según adelantó la propia Inés Rojas. El Ejecutivo autonómico hasta la fecha ha dado el visto bueno a 13.000 solicitudes a la Ley de Dependencia de un total de 27.000 peticiones.