PSOE y PP impedirán ejercer el voto a la emigración isleña

DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE Un total de 86.493 emigrantes canarios, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de España, se quedarán sin derecho a votar en las elecciones municipales, insulares y autonómicas si finalmente prospera, como parece, el acuerdo alcanzado entre las direcciones nacionales de PSOE y PP dentro de la subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley Electoral. El pacto entre ambas formaciones políticas, que afectaría en total a los casi 1,3 millones de españoles que forman parte del CERA, ha encendido las alarmas en Coalición Canaria, que se niega en rotundo a apoyar esta medida.

Ana Oramas, portavoz de CC en el Congreso de los Diputados e integrante precisamente de esa subcomisión, confirmó a LA PROVINCIA/DLP que la negativa de los nacionalistas canarios obedece a una razón principal: "El PSOE y el PP alegan que muchos de estos votantes apenas tienen contacto con su tierra de procedencia y, por lo tanto, consideran que no están en condiciones de influir en el signo político de los gobiernos. Pero los isleños no son así: conocen perfectamente su tierra, están informados de lo que ocurre aquí y nos visitan frecuentemente".

Oramas aclara que las elecciones que se verían afectadas por esta medida, ante la que nada podría hacer si PP y PSOE votan a favor como han apalabrado, serían las locales, pero nunca las nacionales al Congreso de los Diputados o al Senado.
"Se ha establecido en la subcomisión que los cambios nunca podrán implicar una modificación de la Constitución, por lo que se descarta que los emigrantes pierdan el derecho a votar en los comicios nacionales". La que fuera alcaldesa de La Laguna precisó que "tampoco se sabe a ciencia cierta si finalmente esta medida se podrá aplicar en los comicios locales", pues según explicó "hay pegas legales que habrá que dilucidar en la subcomisión".

PP y PSOE consideran que hay que evitar que el peso de estos votantes en las provincias con mayor número de electores en el exterior pueda decantar el color político de las diferentes administraciones, como de hecho ha ocurrido en innumerables ocasiones y ha generado incluso las sospechas de fraude electoral. Canarias es una de las comunidades autónomas a las que más influye esta iniciativa. Es la segunda de toda España, tras Galicia, con mayor tanto por ciento de población censada en la diáspora.

CC defiende el derecho de estos 86.493 isleños desperdigados por todo el mundo a participar en los comicios locales, una cantidad, además, que puede aumentar de forma considerable gracias a la Ley de la Memoria Histórica. La llamada ley de nietos, una disposición de la Ley de la Memoria Histórica que por un plazo de dos años -prorrogable a uno más-, permite desde 2009 adquirir la ciudadanía española a más de 100.000 descendientes de exiliados canarios.

Entre los motivos de la propuesta de PSOE y PP están evitar episodios como el protagonizado por Ricardo Melchior (CC) y Antonio Alarcó (PP) en las elecciones generales de 2008, cuando el segundo ganó el escaño en el recuento; o denuncias por fraude electoral.