Cuando en enero de 2005 el Fiscal General del Estado designaba a Luis del Río delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, alguien se le acercó y le bromeó: "Deberías ir a Lanzarote y presentarte a Dimas". Por aquel entonces estaba en pleno auge judicial el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise, que concluyó con los huesos del líder del PIL, Dimas Martín, en la prisión de Tahíche. Pero lo que jamás pensó este fiscal grancanario es que, cinco años después, Dimas vuelve a cruzarse en su camino bajo el seudónimo de operación Unión.

Luis del Río Montesdeoca (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) no es un fiscal al uso. Se licenció en Derecho por la Universidad a Distancia (UNED) estudiando por las noches mientras por la mañana acudía a su puesto de trabajo en un juzgado: primero trabajó como agente judicial, luego como oficial de Justicia y, más tarde también de secretario de un Juzgado de Paz. Fue cocinero antes que fraile, por lo que no se le puede negar un profundo conocimiento de la labor que se desarrolla dentro de un juzgado.

Ocupaba la responsabilidad de siniestralidad laboral, ya como fiscal del TSJC después de remangarse la camisa para sacar las oposiciones, cuando el Fiscal General del Estado lo nombró delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas y teniente fiscal de la comunidad autónoma. De esta forma, un joven Luis del Río con apenas 42 años se convertía en el número dos del Ministerio Público en Canarias.

A partir de ahí, todo ha cambiado, evidentemente. La operación Eolo, la operación Faycán, el caso Icfem y ahora también la operación Unión, la presunta trama de corrupción que tiene Lanzarote patas arriba con cerca de sesenta imputados, ocupan los cajones de su despacho. No cabe duda, por tanto, que Luis del Río se ha convertido en la mayor amenaza que existe contra los cargos públicos que, presuntamente, deciden meter la mano en la lata del gofio, como vulgarmente se dice.

El fiscal grancanario también mantiene una importante actividad asociativa. Durante tres mandatos consecutivos fue miembro de la Ejecutiva Nacional de la Unión Progresista de Fiscales, y además es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Luis del Río que aborda esta entrevista con decisión nada tiene que ver con el que, cinco años atrás, se mostraba expectante ante las preguntas del periodista, que por primera vez lo sometía a un tercer grado en toda regla. Ahora habla con más soltura sobre la corrupción, tras numerosos casos a sus espaldas e interrogatorios a cargos públicos y empresarios de postín.

El puesto de delegado de la Fiscalía Anticorrupción le llegó acompañado de un manual de instrucciones: están prohibidas las compañías políticas y/o empresariales, los cafés con intermediarios de los que rondan el Palacio de Justicia y hay que salir a escape de las invitaciones a pasar un fin de semana en los lujosos hoteles de Lanzarote, con todos los gastos pagados y para toda la familia. Y los regalos: también está prohibido aceptar cestas de navidad de las que suelen enviar personas a las que no se conoce hasta que, un par de meses después de recibir la dádiva, leemos su nombre en alguna transcripción de una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil.

Luis del Río lleva habitualmente ese manual de instrucciones en una libreta ubicada en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, por eso es materialmente imposible pillarlo en una foto comprometida, en uno de esos actos sociales en los que los empresarios pasan la mano por encima de jueces de relevancia.

El despacho, el juzgado y, un par de horas a la semana, la Universidad. El fiscal Anticorrupción jamás debe saltarse el manual de instrucciones.