"Los hechos muestran que Anticorrupción era necesaria"

- Ahora la Fiscalía Anticorrupción se hace cargo de la investigación de la 'operación Unión', en Lanzarote. ¿Qué significa esto exactamente?

- Pues que un asunto que llevaba la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, a la vista del volumen de la causa, del número de imputados y la naturaleza de los delitos investigados, reúne los requisitos para que pueda intervenir la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado. No obstante, esperamos que el fiscal que hasta ahora ha estado encargado del caso, Javier Ródenas, continúe y se pueda llevar en equipo debido a la complejidad del asunto y lo extenso de las actuaciones. Todo ello aconseja que la investigación la llevemos entre varios fiscales.

- Por lo que ha podido ver del caso, ¿le parece que la 'operación Unión' es el más grande y variado asunto de corrupción que se investiga en Canarias, por su profundidad y dificultad?

- A día de hoy, no habiendo finalizado la instrucción ni mucho menos, es difícil pronunciarse al respecto. Pero a priori todo apunta a que pueda ser así.

- ¿Y en España, con cuál lo compararía?

- Posiblemente se asemeje a alguno de los casos de corrupción que se investigan en la Costa del Sol, fundamentalmente en Marbella, o en las Islas Baleares.

- Después de cinco años de funcionamiento, ¿qué diría usted a los que se oponían a la creación de una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas y otra en Santa Cruz de Tenerife?

- Creo que los hechos han demostrado con creces su necesidad. Por otra parte, la evolución del Ministerio Fiscal va hacia la especialización. Menores, violencia sobre la mujer, medio ambiente, extranjería, siniestralidad laboral, etc. Es la única manera de dar la repuesta que la sociedad demanda a estas cuestiones. En general son materias complejas que requieren esa especialización así como armonizar criterios para hacer efectivo el principio de unidad de actuación propio del Ministerio Fiscal.

- ¿Cómo calificaría usted el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, teniendo en cuenta que es de las comunidades autónomas con más causas del país?

- Dado que soy parte implicada me cuesta hacer esa calificación que usted me pide. No sé si sería objetivo. Por lo tanto, lo que le puedo transmitir es mi impresión subjetiva. Se trata de un trabajo de una gran responsabilidad que requiere un gran esfuerzo; no solamente porque las causas de esta naturaleza tienen miles de folios y cajas llenas de documentos, sino porque surgen numerosas cuestiones complejas de índole procesal o sustantiva que requieren estudio. Y aunque al ciudadano le pueda extrañar, no todo está previsto en la Ley de una forma clara. Pero, por otro lado, se trata de un trabajo apasionante.

- ¿Es necesario reforzar la estructura de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, en vista de la multitud de causas que investiga? ¿Qué carencias tiene Anticorrupción?

- Esta pregunta me la vienen haciendo desde el primer día en que tomé posesión de esta cargo y sigo respondiendo lo mismo: aunque los medios son escasos procuro no quejarme e intento concentrarme en sacar el máximo partido a los medios que existen dentro de la Fiscalía. La Justicia siempre se ha caracterizado por la escasez de medios y, actualmente, en donde todas las administraciones públicas atraviesan por dificultades presupuestarias, es mal momento para pedir más medios. Trabajamos con lo que tenemos e intentamos hacerlo lo mejor posible.

- Desde el punto de vista de la represión, ¿la Fiscalía Anticorrupción ha servido para que desaparezca la sensación de impunidad que parecía estar arraigada en las islas desde hace décadas?

- Espero que haya sido así. Uno de los fines del Derecho Penal es motivar al ciudadano para que se abstenga de cometer delitos, ya que en caso contrario sabe que se le puede imponer una condena por los hechos, en base al Código Penal. Y la Fiscalía Anticorrupción se creó como una parte más de este aspecto.

- ¿Ha tenido Anticorrupción que derivar asuntos por la imposibilidad de asumir tanto trabajo en Canarias?

- Evidentemente, esta delegación de la Fiscalía Anticorrupción no puede asumir todos los casos de corrupción que le llegan. El Estatuto del Ministerio Fiscal fija una serie de criterios que determinan qué asuntos se pueden asumir y cuáles no. Y en base a ello se toman las decisiones oportunas.

- ¿Qué porcentaje de denuncias recibidas en Anticorrupción tienen que ser desechadas al carecer de elementos objetivos de delito?

- Es difícil precisar un porcentaje, pero muchas. Ciertamente el número de denuncias que recibimos es elevado, pero en Derecho las cosas hay que acreditarlas, por ello no todo lo que es objeto de denuncia termina en una causa judicial.

- La pregunta del millón de dólares. El fiscal jefe provincial dice que la sentencia del Supremo sobre el magistrado José Antonio Martín "le hace un flaco favor a la Justicia"; el fiscal superior que "carece de rigor jurídico"; y el presidente del TSJC que "Martín debió ser condenado". ¿Qué opina el fiscal Anticorrupción sobre este asunto?

- Desde un punto de vista jurídico me parece más acertada la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que la del Tribunal Supremo. Pero, en todo caso, respeto las resoluciones judiciales, como no podía ser de otra forma.

- ¿Y cómo ve la sanción impuesta por el CGPJ, que ha expulsado al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de la carrera judicial?

- Igualmente hay que respetar tal decisión del Consejo.

- Las encuestas ciudadanas no colocan en buen lugar a la Justicia, en líneas generales. Sin embargo, las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción suelen ser bien recibidas por los ciudadanos, debido a que lucha contra lo que se considera delincuencia de 'cuello blanco'. ¿Cree que Anticorrupción se ha convertido en la mayor esperanza de los ciudadanos dentro de la Administración de Justicia?

- Ya me conformaría yo con que constituyese una pequeña esperanza. Por otra parte, comprendo perfectamente las ganas que tiene la ciudadanía de que se actúe en los casos de corrupción que tanto daño hacen a la credibilidad del sistema democrático, pero también podríamos decir lo mismo cuando una multinacional comete una gran estafa o atenta gravemente contra el medio ambiente. Creo que se trata de situaciones en las que alguien, ostentando un gran poder, lo utiliza en beneficio propio, causando casi siempre unos daños muy graves a la colectividad. Eso es lo que creo que indigna al ciudadano y, a veces, la Justicia no está a la altura de las circunstancias. Creo que la autocrítica es necesaria también para los que formamos parte de la Justicia.

- Le hago ahora una pregunta que también le formulé, en los mismos términos, al Fiscal Superior de Canarias. La corrupción... ¿existía, existe y existirá?

- Existía, existe y probablemente existirá. Pero también los robos, los homicidios o el tráfico de drogas. Lo importante es que el ciudadano sepa que el que comete un delito incurrirá en responsabilidad penal y será sancionado con una pena por ello. Y que la Ley se aplicará por igual a todos, con independencia de que sean personas que ostenten poder económico o político.

- El proyecto de Reforma del Código Penal endurece algunas de las penas relacionadas con la corrupción. ¿Qué le parece?

- Como consecuencia de mi actividad asociativa en la carrera fiscal como miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en su día tuve oportunidad de ver el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal y el informe del Consejo Fiscal sobre el mismo. En lo que se refiere a los delitos relacionados con la corrupción creo que muchos son objeto de mejoras técnicas, como los delitos de cohecho, lo cual es loable; pero también era mejorable en algunos otros puntos, en el delito de prevaricación por ejemplo, y así lo hicimos constar ante el Ministerio de Justicia en un informe de nuestra asociación. Desconozco en estos momentos si algunas de nuestras sugerencias se han tomado en cuenta.

- ¿Le parece un disparate introducir en España la cadena perpetua para determinados delitos, como pide el Partido Popular?

- Soy contrario a la pena de muerte y a la cadena perpetua. Creo que tanto la pena de muerte como la cadena perpetua son inconstitucionales por ir contra los artículos 15 y el 25 de la Constitución. En mi opinión la respuesta frente al delito debe ser aplicar el Estado de Derecho con el máximo rigor pero con todas las garantías, y una de estas garantías debe ser el respeto a los derechos humanos. En las sociedades primitivas se consideraba que la pena era la retribución por el delito cometido. Actualmente con la pena se busca que los ciudadanos, ante la amenaza de dicha sanción, no cometan delitos y que aquéllos que han delinquido no reincidan, procurando su resocialización.

- ¿Es posible una Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, que tome la iniciativa?

- La Fiscalía puede actuar de oficio o a petición de los interesados. Lo mismo sucede con los jueces. Lo que ocurre es que para investigar unos hechos es necesario que existan indicios que justifiquen la puesta en marcha de una investigación judicial o fiscal.

- Garzón. ¿Héroe o villano para Luis del Río?

- Pues ni lo uno ni lo otro. Al margen de que pueda caer mejor o peor, es indudable que ha prestado un gran servicio a la Justicia y ha sido un juez valiente en asuntos que requerían ese plus de valor y decisión. Recuerdo la causa contra Pinochet, o los procesos sobre terrorismo, narcotráfico, corrupción o crimen organizado que ha instruido. No obstante, habrá que dejar que la Justicia trabaje y ver qué ocurre finalmente con todo lo que tiene que ver con este magistrado en estos momentos.

- Administración de Justicia-Medios de comunicación. ¿Cómo definiría ese binomio?

- En la actualidad, complicado. Entiendo el papel de los medios de comunicación y la función social que desempeñan, pero en ocasiones se cometen excesos.

- ¿Merece una modificación la figura del secreto de sumario, tal y como está establecido en España?

- Creo que sí. Prueba de ello es que existe un protocolo de comunicación de la Justicia y una instrucción de la Fiscalía sobre las relaciones con los medios de comunicación. Tanto uno como otro documento suponen una nueva visión de cómo ha de entenderse el secreto del sumario. No obstante, no clarifican todas las cuestiones que en la práctica se pueden plantear, por ello es necesaria dicha reforma.

- ¿No cree que el asociacionismo, tanto en jueces como fiscales, les marca de cara a la opinión pública?

- En cierto modo sí, pero por otra parte supone poder exponer las ideas abiertamente. Creo que no es negativo que los jueces o los fiscales expresen sus ideas a través de las asociaciones.

- ¿Cree usted en el proceso de modernización de la Justicia que se hace desde el Ministerio o es de los que piensan que siempre será la Administración Pública en la que menos medios se empleen?

- Espero que esas buenas intenciones se plasmen en la realidad y supongan mejoras tangibles para la Administración de Justicia. Pero el momento actual no es el más idóneo para esperar grandes inversiones.

- ¿Qué cuentas pendientes tiene la Administración de Justicia con el ciudadano de a pie, según su punto de vista?

- Es difícil decirlo con pocas palabras. Pero, por decir alguna, a modo de ejemplo y sin seguir ningún orden: mayor agilidad, mejor trato al ciudadano, en el ámbito penal se necesitan profundas reformas procesales, entre ellas, que el Fiscal sea el instructor de las causas como en el resto de países de nuestro entorno, etc…

- ¿Recibe presiones el fiscal Anticorrupción?

- Ni he recibido presiones de nadie ni me he sentido presionado por los acontecimientos, aunque soy plenamente consciente de que se trata de un trabajo de gran responsabilidad.