Pacientes y sindicatos temen la privatización del sistema sanitario

D.E.T.
Ni pacientes, ni médicos ni personal sanitario quieren oír hablar del copago de los servicios asistenciales. Los sindicatos y asociaciones entienden que la medida -en estudio en el Ministerio de Sanidad- supone el primer paso hacia la privatización del sistema y el Gobierno de Canarias no hace consideraciones de algo que oficialmente no se ha planteado.

La consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, espera a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el próximo 31 de mayo, para conocer si las declaraciones de la ministra Trinidad Jiménez el martes, en las que admite que se está considerando implantar el copago como fórmula de ahorro, están fundamentadas. Es decir: cómo, a quién y cuándo se aplicaría. Sería la primera vez, se señala desde la Consejería, que se aborda el asunto.

Trinidad Jiménez ya advertía ayer que, en cualquier caso, el contexto económico actual no es el adecuado para ponerlo en marcha.

La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Canarias habla de "re-pago" más que de copago. El secretario en Gran Canaria, Arturo Borges, recuerda que los ciudadanos ya sufragan la asistencia sanitaria a través de los impuestos y de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Borges subraya que "la esencia del sistema de salud es la solidaridad de las personas con más recursos y más sanas, con las más enfermas y con peor situación económica. La implantación de copagos rompería estos principios y sería el primer paso hacia la liquidación del sistema".

La medida vendría a copiar algunas de las fórmulas que funcionan en varios de los países del entorno europeo. En general, el paciente sufraga con pequeñas cantidades la atención de su médico de familia o especialista, el uso de ambulancias, el ingreso o la comida hospitalaria.

Ello, apunta el presidente del Sindicato de Médicos, Isidro Rexachs, "no haría más que perjudicar a los sectores de la sociedad más necesitados: enfermos crónicos y pensionistas. Que son los que ya de por sí requieren más atención. Es lamentable", señala. Y advierte sobre la merma de calidad de vida que les supondría la propuesta.

En el mismo sentido se manifiestan los representantes de Intersindical Canaria, Sepca y CCOO. Califican la propuesta de "discriminatoria" y tanto Juan Méndez (IC) como Joaquín Franco (Sepca) coinciden en poner en duda tanto la capacidad recaudatoria de la medida como de disuasión ante un supuesto abuso de los servicios.