El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, no acaban de encontrar un punto de coincidencia en relación con la política de ajustes en el Ejecutivo para intentar reducir el déficit. El presidente y el vicepresidente volvieron a expresar ayer opiniones contrapuestas y a escenificar las diferencias que parecen haberse instalado en el pacto CC-PP en relación con los ajustes presupuestarios y, una vez más, el primero desautorizó de forma bastante explícita al segundo.

El ambicioso plan de ajuste presentado por Soria la mañana de ayer supone la reducción de la estructura de la administración autonómica. Es decir, recortar altos cargos, asesores, empresas públicas y, sobre todo, dejar el número de consejerías del Gobierno en seis, cuatro menos que en la actualidad.

Desde Madrid y pocas después Rivero no sólo desaprobaba el proyecto de su segundo sino que le advertía de la conveniencia de no tomar decisiones "de cara a la galería". "No es matemático que por uno o dos consejeros menos se sea más eficiente y más eficaz, todo lo contrario", respondió el presidente a la aseveración de Soria de que un gobierno más corto será "igual de eficaz y eficiente" que hasta ahora.

"No es una cuestión de que nos guste más o menos, es que no hay otra opción", aseguró Soria tras desgranar sus propuestas.

En función a dicho plan, que elabora la Consejería de Economía y Hacienda y se cifra en 1.069 millones, las empresas públicas, órganos, agencias y fundaciones deberán fusionarse o desaparecer atendiendo a la compatibilidad de su objeto social o a que la finalidad con la que se creó ya no exista. Se reducirán, señala Soria, en un volumen global de entre un 30 y un 40%.

Se recortarán también los gastos de funcionamiento, entre los que Soria vuelve a incluir el uso de los coches oficiales ya desechado por Rivero; habrá restricción a las subvenciones que anualmente el Gobierno concede a empresas o instituciones privadas, y alcanzan los 500 millones; y se rebajarán o aplazarán inversiones y obras públicas, en buena parte incluidas en los convenios cofinanciados con el Estado.

Soria desechó, no obstante, una subida de los impuestos que afectan al consumo y a la importación. Recordó que sólo está previsto para este año incrementar el gravamen del tabaco "por motivos de salud pública".