Treinta y una sociedades mercantiles repartidas entre Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Panamá y Belice; 53 propiedades inmobiliarias en Madrid, Málaga y la capital grancanaria; 64 cuentas corrientes con un líquido de unos veinte millones de euros; 21 vehículos, entre ellos coches de alta gama (BMW y Audi), furgonetas y motocicletas; dos embarcaciones valoradas en cerca de un millón de euros... en total, más de doscientos millones de euros en activos. Es el entramado patrimonial y societario de Rafael María Bornia Bordón, el narcotraficante canario detenido en Málaga al que el magistrado José Antonio Martín quiso poner en libertad, "aunque sea con una fianza de un millón de euros", como pidió a sus compañeros de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Las relaciones de Martín con la familia Bornia costaron al juez la expulsión de la carrera judicial, hace poco más de un mes, si bien quedó absuelto en la investigación penal abierta al respecto.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se prepara para juzgar la mayor trama de blanqueo de capitales de la historia judicial de España. El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, con el magistrado Santiago Pedraz a la cabeza, acaba de finalizar la instrucción de la denominada operación Kaiser, con un total de once imputados (seis canarios) y otra persona en busca y captura. La trama queda al descubierto en el laborioso escrito de calificaciones del fiscal Ángel Bodoque, de 130 folios, en el que describe una compleja red de sociedades mercantiles que presuntamente se encargaban de blanquear el dinero procedente del narcotráfico.

Según la investigación de la Audiencia Nacional, Rafael Bornia (actualmente en prisión por tráfico de drogas) no es un narcotraficante cualquiera. "Desde 1988 ha estado vinculado con el tráfico de drogas hacia España proveniente sobre todo de América Latina, relacionándose para ello con individuos dedicados a la referida actividad, obteniendo con la misma unas considerables ganancias y careciendo en todo caso de alguna actividad económica o laboral legal declarada", explica el fiscal en sus conclusiones provisionales.

Dos personas son consideradas clave en la presunta red de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico: Natalia Pombriego Castañares, compañera sentimental de Bornia, y Pierre Abdou Moussa Sawaya, un libanés al que los investigadores otorgan un papel de hombre de la máxima confianza de Bornia. Para estos dos imputados, el fiscal pide siete años de cárcel a cada uno. El súbdito libanés llegó incluso a vivir en Las Palmas de Gran Canaria, en una vivienda supuestamente vinculada a la trama y en el mismo edificio en el que Bornia tenía otros inmuebles.

Al resto de los imputados se les considera testaferros de Bornia. Algunos de ellos, al parecer, ingresaban en sus propias cuentas dinero procedente del narcotráfico que pertenecía a Rafael Bornia, supuestamente, y enviaban transferencias a cuentas de un entramado de seis empresas creadas por Pierre Moussa, con la colaboración del abogado madrileño Óscar Abeti, también imputado, en los paraísos fiscales de Panamá y Belice. Los otros encausados crearon empresas a su nombre o en colaboración con Natalia Pombriego, presuntamente para blanquear dinero.