Los cabildos irán a los tribunales para reclamar los 75 millones que aseguran les adeuda el Gobierno de Canarias si no se logra un acuerdo con el Ejecutivo y a pesar de lo que hoy pueda decir el dictamen del Consejo Consultivo que hoy se dará a conocer.
El presidente del Cabildo tinerfeño, el nacionalista Ricardo Melchior, recordó ayer que el dictamen "no es vinculante" y pese a que "confío en que el Consejo Consultivo nos de la razón a nosotros, si no llegamos a un acuerdo iremos a los tribunales, como dice también José Miguel Pérez", titular del Cabildo de Gran Canaria.
La disputa entre Gobierno y los siete cabildos -los ayuntamientos se han unido también a la reclamación- se centra en la vigencia o no de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Haciendas locales, que apunta que las corporaciones locales no podrán recibir menos que el año anterior a entrar en vigor la norma, 2002. Mientras los presidentes insulares interpretan que la disposición está vigor la Consejería de Economía y Hacienda sostiene que expiró.
Melchior recordó que existe "el compromiso" del presidente Rivero "de revisarlo con los mejores ojos posibles" y expresó su deseo de que "antes de iniciarse el periodo vacacional en agosto haya una reunión que aclare la situación final", que si es satisfactoria "lo celebraremos todos" y si es negativa "usaremos otra vía".
El presidente tinerfeño rechaza también la posibilidad de rebajar la cifra del dinero que las corporaciones locales reclaman, debido a los ajustes que debe afrontar el Ejecutivo regional, puesto que "¿cómo vas a renunciar a algo que por ley te corresponde? No nos olvidemos que para la gestión del bloque del REF en 2009 el Gobierno cobró 39,5 millones y lo podrían haber hecho con 19,5, con lo cual también nos deben 20 millones más".
